Incumplimientos oficiales

OPINION | 

Como consecuencia de una cierta y prolongada desatención de las autoridades nacionales, pero también de circunstancias derivadas de la crisis económica, la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra) lanzó en estos días una advertencia que en verdad debe preocupar, pues puede tener, si no hay medidas paliativas urgentes, muy graves consecuencias.

“Debido a la falta de respuestas ante reiterados reclamos de pago, unos 200 centros de privados de diálisis dejarán desde este sábado (es decir, a partir de hoy) de incorporar nuevos pacientes, incluidos en el programa federal Incluir Salud”, dice el texto del comunicado emitido por Cadra.

Incluir Salud es un sistema de aseguramiento público de salud, que depende de la Agencia Nacional de Discapacidad y que garantiza el acceso a los servicios de salud a madres de siete o más hijos, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años titulares de pensiones no contributivas

Actualmente son más de 1.000 los pacientes que se dializan a través de este programa a nivel nacional

Existe una deuda millonaria, de antigua data, que el gobierno mantiene con los centros de diálisis, los prestadores de este servicio. Según señalan, el último mes que cobraron es marzo.

Como es fácil de advertir, para quienes padecen una patología renal grave, la diálisis no es una opción a la que pueden renunciar por alguna razón, por ejemplo la económica, sino una imperiosa necesidad de subsistencia.

El atraso en los pagos por parte de las autoridades nacionales no es el único problema que causa el desfinanciamiento de estos centros. La Confederación también denunció el impacto muy negativo del incremento de la tarifa de energía eléctrica y el encarecimiento de los insumos dolarizados en los últimos meses, como consecuencia de la devaluación del peso. Es decir, todas consecuencias derivadas de medidas erróneas o impericia del Gobierno.

El programa depende de la Agencia Nacional de Discapacidad, que no parece dar una respuesta satisfactoria para las lógicas demandas.

Respecto de las personas con discapacidad, hay otros problemas iguales o más acuciantes cuya resolución depende de la voluntad política oficial. El jueves hubo una multitudinaria concentración frente el Congreso Nacional reclamando el pago de pensiones adeudadas de los últimos seis meses de este año y el 20 por ciento de las correspondientes a tres meses de 2017. Son aproximadamente 100 mil personas, entre niños y adultos, los perjudicados por este recorte que no ha tenido hasta el momento.

Paralelamente en Catamarca profesionales y pacientes de los Centros de Discapacidad de la provincia se sumaron a la marcha de los universitarios con un reclamo propio: la existencia de una deuda de Nación que coloca a estos centros “casi al borde del colapso”.

Como puede apreciarse, los problemas económicos repercuten directamente en sectores de muy alta vulnerabilidad. Y lo más preocupante es que no se advierte una reacción oficial orientada a dar respuestas a estos incumplimientos. Es de esperar que haya en el corto plazo correcciones de estas políticas y evitar de ese modo consecuencias irremediables.

 

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