Cuestionable reasignación de partidas

OPINION | 

Si bien el presupuesto de una Nación representa los grandes lineamientos del plan de gobierno para un año, es costumbre muy argentina introducir cambios sobre la marcha, echando mano a recursos estipulados para un área para destinárselos a otra.

Lo que vale para Nación vale también para el gobierno provincial o cualquiera de los municipios. 
La discusión del presupuesto tiene, en consecuencia, fundamentos más simbólicos que prácticos, pues son las dos cámaras del Congreso –en el nivel nacional- las que intervienen para aprobar, con o sin modificaciones, el anteproyecto elaborado por el Poder Ejecutivo. Y ese debate, plasmado en una votación final, le da una jerarquía institucional que en la práctica no se respeta.

Cómo será de fácil modificar un presupuesto sobre la marcha, que una simple decisión administrativa puede reasignar partidas. Eso es lo que han hecho el Ministerio de Hacienda y la Jefatura de Gabinete el lunes a través de la resolución 1605/18, que recorta fondos de las Universidades nacionales, del área de Ciencia y Tecnología, de Educación, del área de Niñez del Ministerio de Desarrollo Social, de Ambiente y de Turismo.

Las partidas de esas áreas sensibles se utilizarán para incrementar los fondos de la Policía Federal, la Gendarmería y las Fuerzas Armadas, además de engrosar fondos para subsidios al transporte y a la energía.

Estas reasignaciones causaron enorme malestar en las filas de la oposición política, pero sobre todo en las áreas específicas que se verán perjudicadas. En vísperas del Día del Maestro, y cuando el conflicto con las universidades por los recortes presupuestarios y la escasa oferta salarial no termina de cerrarse del todo, efectuar estas transferencias de fondos es un pésimo mensaje. 

La misma interpretación puede efectuarse en lo que respecta a las restricciones a las que somete la mentada decisión administrativa del Ministerio de Hacienda a sectores como la Ciencia, que ya viene siendo recortada desde 2016 y a la que ahora se suma la desjerarquización ministerial, o a áreas de Desarrollo Social, que, por el contrario, deberían ser reforzadas en virtud de la agudización de la crisis. 

Solo a las universidades, la resolución de Nicolás Dujovne y Marcos Peña le quita 1639 millones de pesos. En materia de Desarrollo Social, la medida le recorta 129 millones al programa de integración sociourbana, otros 117 millones a la promoción de la primera infancia, 5,8 millones a la protección integral de niños y niñas y más de 2 millones al programa de protección de adultos mayores.

El refuerzo de esas partidas a áreas como la policía, Gendarmería o Fuerzas Armadas puede argumentarse a partir de la necesidad de dotar de mayor vigor a la lucha contra la inseguridad. Para la suspicacia opositora, sin embargo, el fortalecimiento de estas fuerzas se relaciona con su rol de represión de la protesta social, que podría acentuarse en los próximos meses. 

Más allá de la interpretación que pueda dársele a esta reasignación de partidas, lo indudable es que la decisión oficial ha sido por lo menos inoportuna y cuestionable respecto de la sensibilidad de las áreas afectadas.

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