Varias generaciones habitaron esos parajes, en el extremo sur de la provincia. Allí, en la tierra salitrosa, entre los arbustos ariscos, viven cientos de familias. Allí también enterraron a sus muertos en el transcurso del último siglo.
Un día de hace casi diez años, la paz ancestral, la vida ligada al ritmo de las estaciones, emparentada con la naturaleza agreste en la que se criaron, empezó a verse amenazada. Les dijeron que la tierra que ellos poseen desde hace décadas pertenecía a una empresa, cuyos representantes exhibían papeles mientras aprontaban las topadoras para arrasar con el monte natural que mantiene el delicado equilibrio ecológico de esta porción del chaco árido.
Este breve relato apenas esboza el grave problema que padecen familias de La Paz, en uno de los tantos conflictos de tierra que existen a lo largo y a lo ancho del país.

Cómo comprar poblados

La empresa Los Poquiteros S.A, adquirió en 2004 un tercio del departamento, algo así como 120.000 Has. En la superficie mencionada existen nueve poblados que contienen salones comunitarios, escuelas, postas sanitarias, tendidos de la red eléctrica, las viviendas de los pobladores, corrales, represas, pozos de balde, etc.
La permanencia en esa zona desde hace casi cien años de las familias que viven de la ganadería extensiva, la actividad más sustentable en función de las características del suelo, constituye un acto posesorio irrefutable. Así lo entiende Manuel Nieto Ortiz, asesor legal de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, organismo que acompaña el proceso de organización de las familias en su lucha por la tierra. “Son actos posesorios –explica- que demuestran el ánimo de dueño y la gran cantidad de tiempo que llevan esas familias instaladas en ese lugar. La ley prevé que se considera dueño, en un juicio de prescripción, cuando se prueba la posesión durante veinte años. Aquí hay registros de posesión que fácilmente cuadriplican ese período establecido en el Código Civil”.
Se ha generado, en consecuencia, un conflicto de intereses entre los empresarios que exhiben títulos de propiedad y las comunidades rurales que fundamentan sus derechos en la posesión pacífica e ininterrumpida de los parajes que ocupan desde tiempos inmemoriales.
“El conflicto –señala Nieto Ortiz- está planteado en la Justicia. Los pobladores han recurrido a interdictos de retener la posesión o acciones posesorias de manutención, que son las herramientas que les otorga el Código Civil para defender la posesión de las tierras, y a su vez pedir medidas cautelares de no innovar, hasta que la Justicia se expida sobre la cuestión de fondo”.
Añade que los habitantes de la zona continúan, gracias a las medidas cautelares de no innovar, desarrollando las actividades de siempre, aunque ahora con una fuerte convicción de la necesidad de preservar la organización alcanzada.
“La empresa ha incurrido en algunos juicios en desobediencia judicial e hicieron algunos trabajos, como alambrar algunos sectores –indica-. Pero en otros juicios no, ha respetado las decisiones porque sabe que las sanciones pueden ocasionar grandes problemas”.

La Comisión de Tierras

Ante este complejo escenario, en el mes de Junio de 2007, apoyados por el entonces Programa Social Agropecuario (actual Delegación de la Subsecretaría de Agricultura Familiar en nuestra provincia), nace en la localidad de Casa de Piedra (Departamento La Paz) la denominada Comisión de Tierras, conformada por cientos de familias pertenecientes a 18 parajes de los departamentos La Paz y Sur de Capayán. A partir de esta decisión de unirse y organizarse con el objetivo de defender el derecho posesorio de las tierras, la Comisión de Tierras, de manera paulatina, ha ido obteniendo el reconocimiento de otras organizaciones e instituciones locales, provinciales y nacionales.
Al comienzo del conflicto tuvieron el acompañamiento del entonces vicegobernador Hernán Colombo, quien estuvo trabajando con un equipo técnico en la problemática.
Cuando Lucía Corpacci era vicegobernadora de la provincia, se reunió en la localidad de La Guardia, acompañada por dirigentes de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) de la Nación que preside Luis D'Elía, con integrantes de la Comisión de Tierra. Por lo tanto, como actual gobernadora está informada de la problemática y habrá que esperar que sus equipos de trabajo se aboquen a la búsqueda de soluciones políticas y legales que permitan el definitivo saneamiento de títulos y la seguridad jurídica para miles de familias rurales de nuestro territorio provincial que son poseedores ancestrales de las tierras que habitan y trabajan.
Sin interferir en el proceso judicial, los otros dos poderes del Estado deberían generar los instrumentos que permitan una solución de fondo a los pobladores de las zonas de La Paz y sur de Capayán, donde además subsisten los denominados campos comuneros, esto es, espacios comunes para el pastoreo de los animales, manteniendo cada familia sus predios delimitados en los que construyen sus viviendas y corrales.
Algunas iniciativas gubernamentales de saneamiento dominial promueven la entrega de 15 Has. por productor, lo cual no resultaría sustentable en regiones áridas de la provincia. De modo que la fijación de unidades productivas sustentables, con aporte estatal en organización de la producción y provisión de tecnología acorde, según el territorio de que se trate, constituye un desafío que la nueva administración provincial debe afrontar decididamente.

Sustentabilidad ambiental

Informes técnicos de la Universidad Nacional de Córdoba demuestran que la ganadería extensiva es la forma más sustentable en este ecosistema. Es muy distinta a la explotación que realizan grandes empresas, que topan el monte natural, produciendo un gran daño ambiental, y siembran pastos que tienen grandes rindes los primeros años, pero luego van disminuyendo progresivamente.
El Estado debe garantizar, además de la sustentabilidad económica, la sustentabilidad ambiental de los emprendimientos. En ese entendimiento, los pobladores históricos de la zona han demostrado vivir durante muchos años en armonía con su entorno natural. Los mega emprendimientos privados, en cambio, representan, si no existen los controles adecuados, una amenaza, en tanto suelen recurrir a una sobre explotación de los recursos naturales, a la tala indiscriminada de los bosques nativos y al uso irracional de un bien tan escaso como el agua.

Más conflictos sin resolver

Problemas similares al descripto se registran también en otro sector del mismo departamento La Paz. Muy cerca de la ciudad de Recreo, están en conflicto 45.000 Has. en los parajes La Zanja y El Garay.
Al igual que en el caso anterior, rige una medida cautelar de no innovar. Las tierras fueron adquiridas por una empresa tucumana, también para hacer ganadería.
Otros conflictos de dan en el sur de Capayán, en Ancasti y Andalgalá, aunque sin la envergadura de los conflictos de La Paz.

Pregunta y respuesta

¿Por qué si el problema dominial ha existido siempre en nuestra provincia sólo ahora genera conflictos de esta naturaleza? La respuesta a este interrogante tal vez se la deba buscar en el incremento sostenido de los precios de los alimentos como consecuencia de la creciente demanda a nivel mundial, lo que provoca la revalorización de la tierra.
Así, terratenientes que durante muchísimos años abandonaron la tierra por su escaso valor en determinadas regiones de la provincia, y permitieron pasivamente que miles de familias se radicaran en ellas y la usufructuaran, recobraron el interés, desempolvaron antiguos títulos de propiedad y aceptaron las ofertas de compra o arrendamiento de empresarios vinculados a la actividad agropecuaria.

Texto: Marcelo Gallo