jueves 28 de marzo de 2024
dentro de la administración pública

Proponen regular los “conflictos de intereses”

Es un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados. La iniciativa establece sanciones.

Por Redacción El Ancasti

La diputada provincial Paola Bazán (FCS-Cambiemos) presentó un proyecto de ley con el que pretende regular situaciones donde un funcionario tenga que intervenir en temas con lo que posea algún tipo de vinculación. En ese sentido, la iniciativa busca evitar que se produzcan conflictos de intereses dentro de la administración pública. "Este proyecto tiene por objetivo prevenir toda situación en la que colisionen o puedan colisionar el deber público y los intereses privados de un funcionario", indican los fundamentos de la iniciativa.

Para cumplir tal objetivo es que la iniciativa propone "incorporar en los controles un riguroso dispositivo de contralor de los eventuales conflictos de intereses".

El proyecto determina que los sujetos comprendidos en esta nueva normativa "deben cumplir sus funciones, evitando que sus intereses personales puedan influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades". En esa línea especifica que se entiende que un sujeto incurre en un conflicto de intereses cuando "la decisión que vaya a adoptar pueda afectar sus intereses personales, de naturaleza económica o profesional, por suponer un beneficio o un perjuicio a los mismos".

El proyecto abarca a miembros de los tres poderes del Estado, como gobernador, funcionarios, legisladores, jueces, hasta los cargos de directores. También están contemplados los organismos externos como el ENRE, el Consejo de la Magistratura, entre otros.

Para la propuesta parlamentaria, se entiende por intereses a los intereses familiares; los de las personas con quien tenga una cuestión litigiosa pendiente; los de las personas con quien tengan amistad íntima o enemistad manifiesta y los de personas jurídicas o a las que el funcionario o familiares hayan estado vinculados.

Los funcionarios, en forma voluntaria, deberán abstenerse de realizar cualquier actividad que roce un conflicto de intereses. En ese marco es que también se crea una Oficina de Conflictos de Intereses que funcionará con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Gobierno y Justicia y que será la encargada de controlar el cumplimiento de la norma.

En el caso que un funcionario advierta que se produjo un conflicto de intereses, éste informará a la Oficina que arbitrará los medios para "garantizar la objetividad e imparcialidad en el desarrollo y resolución del tema en cuestión".

Los sujetos comprendidos en el proyecto deben presentar una declaración jurada en esta oficina dentro de los 60 días después de asumir. Dos veces al año, la Oficina remitirá al Ejecutivo un informe con la evolución patrimonial de los funcionarios que tendrá como base las declaraciones juradas. La Oficina podrá solicitar informes a cualquier organismo del Estado para elaborar los informes, las distintas áreas están obligadas a responderles.

Finalmente, se establece que este organismo será el encargado de sancionar a los funcionarios que no cumplan con lo que establece la norma. En ese marco, las sanciones van desde el apartamiento del funcionario del cargo, la devolución de lo percibido indebidamente, multas y la iniciación de procesos en la justicia civil y penal.

Además, las personas que hayan cometido infracciones tipificadas como graves o muy graves en esta ley no podrán ser nombradas para ocupar un cargo público durante un periodo de entre 5 y 10 años.

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