Se ha de recordar todavía que en los privatizadores días del gobierno menemista hubo la idea de privatizar el “servicio” carcelario -no en Catamarca, por suerte-, con el fin de reducir el gasto público. Lo que visto desde el presente impresiona como poco creíble, no lo era en aquel tiempo en que se quería que la presencia estatal se redujera lo más posible en beneficio de la actividad privada, a la que se atribuía eficacia, espíritu de superación y economía de recursos frente a una tradición estatal caracterizada por la abulia, el desorden administrativo y la corrupción.
La idea no fue más allá de la fase de un anteproyecto, probablemente porque el absurdo se manifestó ya en los primeros análisis de la iniciativa. Y, en verdad el solo pensar en la suerte que habrían tenido os derechos humanos en un sistema cuyo objetivo es exclusivamente económico causa escalofríos. No se supo cuáles fueron las razones del abandono de esta privatización, aunque, después de todo lo que se ha visto en el país, no habría que descartar que en algún lamentable momento pudiera aparecer otro intento de transferir el sistema penitenciario. Esto es, las cárceles, que desde siempre han estado en la órbita de las directas responsabilidades estatales.
De todo esto surge que los centros de detención siguen en manos del Estado, por lo que los gobiernos tienen que asegurar el alojamiento y atención de los procesados y penados en cada provincia.
Catamarca cuenta, desde febrero de 2008, con una cárcel de 24 pabellones destinados a alojar a la población procesada y penada por la Justicia. Tienen capacidad para 522 internos y actualmente aloja a 465. Cuando se inauguró los reclusos eran 270, que hasta entonces habían residido en la vieja cárcel “Julio Herrera”.
Como actualmente está cubierta en un 95% la capacidad del penal, las autoridades del área de la Seguridad ya están previendo el futuro, nada lejano si se toma en consideración la evolución de la “matrícula”, como se dice en la jerga educativa, entre 2008 y 2012, lapso en que se registró un crecimiento de 190 reclusos y, además, la progresiva actividad delictiva en la provincia.
Invirtiendo aquel “estamos mal pero vamos bien” del ex presidente Menem de modo que diga “estamos bien pero vamos mal”, tal vez podría reflejarse la situación en relación con el sistema carcelario catamarqueño en lo referente al alojamiento de los procesados y penados por los jueces.
Si las cárceles fuesen responsabilidad privada, lo más probable es que la superpoblación fuese uno de los motivos de queja más insistentes. Y ocasión de desórdenes permanentes, pues el hacinamiento multiplica los riesgos en proporción altísima, como lo prueban los estallidos que con frecuencia se producen en los establecimientos penales del país. Y ni qué hablar de lo que ocurriría en los dominios de la alimentación, la salud y los otros que también entrañarían inversiones para los concesionarios.
Sin duda, quedan cuatro caminos, a saber: prever ampliaciones -si hubiese espacio en el nuevo penal-, proyectar otra cárcel, acelerar las causas para que disminuyan los procesados y reducir los niveles delictivos mediante la prevención.