La renuncia por parte del Gobierno a continuar la pelea por la continuidad del régimen de Promoción Industrial y trabajar en otras alternativas para compensar los costos de "relocalización" que deben afrontar las industrias para radicarse en Catamarca reactualizaron la discusión sobre el tema, ya en un contexto totalmente distinto. Las manifestaciones al respecto de la gobernadora Lucía Corpacci y el ministro de Producción Ángel Mercado tienen la virtud de sincerar el posicionamiento político más allá de los costos que esto pueda acarrear. Hay una reorientación de la política productiva que constituye, en definitiva, la admisión de la impotencia para continuar con los mismos mecanismos. Esta impotencia es producto del modo en que se gestionaron los sistemas promocionales durante años, y es también notoria en el frente olivícola, sometido a la crisis desde hace un lustro en medio de una generalizada indiferencia.

Son los costos de esta indiferencia los que ahora embretan al Gobierno provincial y lo empujan a apurar mecanismos alternativos para detener la caída de puestos de trabajo en el sector privado. Porque quienes se queden sin empleo irán indefectiblemente a golpear las puertas de la Casa de Gobierno en busca de respuestas que es imposible dar por la saturación de la estructura burocrática estatal. Precisamente, la indiferencia de años es también el factor principal en el estallido del "modelo catamarqueño" que se analizó en el Mirador Político del domingo pasado, vinculado sobre todo al agotamiento del Estado como oferente de puestos de trabajo por liso y llano desfinanciamiento, ya que, como lo admitió el ministro de Economía Ricardo Aredes, el 100% de la coparticipación federal se destina al pago de sueldos. Seguir aumentando el plantel de agentes de la administración pública significaría ya echar mano a recursos como la renta minera, que en teoría deberían servir para financiar el desarrollo. Y en consecuencia, resignarse a ser un distrito subsidiado y parasitario. Faltó lo esencial: el acompañamiento del sector público y las instituciones de la sociedad civil a la inversión privada, en el marco de un proyecto a largo plazo que descomprimiera la presión laboral sobre la estructura del Estado.
Esto es claro no por lo que ocurre ahora, sino por las conductas permanentes que pudieron observarse durante por lo menso los últimos quince años. Los actores políticos y económicos de Catamarca asumieron una actitud meramente reactiva frente a cada crisis concreta que se les presentaba. Así, en el caso concreto de la Promoción Industrial, se le prestaba atención al sector industrial recién cuando empezaban a producirse despidos o medidas como la reducción de jornadas laborales, suspensiones o anticipo de vacaciones, que son respuestas al mismo inconveniente: la imposibilidad de conjugar costos de producción -entre ellos los laborales y, en Catamarca, el flete- con rentabilidad. Corpacci lo señaló al decir que las empresas deberían haber pensado en cómo seguir una vez que concluyeran los 12 años de beneficio promocional.

El análisis de la Gobernadora es acertado sólo en parte. Las inversiones llegan en busca de rentabilidad, y cuando esta rentabilidad es imposible, se van. Es el Estado, aliado con las instituciones de la sociedad civil, el tiene que generar condiciones para que la rentabilidad sea posible y con ella la permanencia de las fuentes laborales. En tal sentido, la mandataria también hace una evaluación correcta cuando consigna, por ejemplo, las deficiencias de infraestructura energética. Pero el problema principal es de índole cultural y se vincula a la ausencia de previsiones en una sociedad donde el puesto en la administración pública se ha transformado en la máxima aspiración existencial. Y esto obedece a la crónica actitud de las autoridades y las asociaciones gremiales de trabajadores y empresarios, que sólo lloraron sobre la leche derramada en lugar de generar mecanismos tendientes a atemperar los efectos cíclicos de las crisis. Esto hubiera sido posible, con algún coraje político, si en lugar de aprovechar los momentos de economía en expansión para designar a mansalva en la administración pública se hubiera trabajado en proyectos serios de fomento al sector privado. Es este postergado reto el que se le plantea al actual Gobierno. Y al parecer, no tendrá más remedio que acometerlo.