Gracias a la respuesta dada por el ministro Francisco Gordillo al intendente de Fray Mamerto Esquiú, Humberto Valdez, quien se había manifestado molesto por la, según él, “disipar” distribución de los recursos del Fondo de Emergencia, se sabe ahora que son pocos los intendentes que han presentado la rendición de cuentas de los proyectos del año pasado correspondientes a dicho Fondo, requisito insoslayable para recibir una nueva remesa.
El dato no carece de significado, no solo porque revela una gruesa “improlijidad” administrativa, sino, además, porque acicatea la curiosidad en relación con la transparencia con que se usan los recursos municipales en general y no únicamente los de emergencia.
Quienes tiene interés por conocer tales intimidades no necesariamente están movidos por alguna razón subalterna, pues no es raro oír, de tanto en tanto, encendidas denuncias contra algún conductor municipal, pero que nunca se esclarecen o están en perpetuo trámite de investigación. En ocasiones, resulta que estos denunciados “saltan” a funciones ejecutivas o legislativas de jurisdicción provincial sin que, al parecer, hayan tenido dificultades para ese cambio de escenario.
Con respecto a las denuncias, los casos son muchos y en su momento tuvieron relieves dignos del eco periodístico. En estos últimos años hubo remezones en Valle Viejo, en San José (Santa María), en Andalgalá, en Tinogasta, en el norte de Belén, en Capayán, en Antofagasta de la Sierra y en otros puntos del mapa provincial, pero se está preparado para concluir que aquellos humos no fueron más que nubes que el viento disipó sin tardanza.
La otra fuente de sorpresa es la aparente facultad de los Intendentes para multiplicar la cantidad de sus empleados hasta comprometer en grave medida sus ingresos. En uno de los incontables episodios motivados por los pedidos de asistencia económica extraordinaria, se supo de municipios donde los sueldos excedían los recursos. Y ya la Ley de Coparticipación Municipal impresiona como discutiblemente prudente cuando establece que los municipios que destinan más de 70% de sus recursos para sueldos sean asistidos automáticamente, porque podría estimular la empleomanía, una tradición asegurada, al parecer para siempre, tanto por la escasa existencia de trabajo privado, como por la tentación clientelista.
El decaimiento de la coparticipación federal y sus efectos sobre la municipal han producido la novedad de una advertencia a los municipios para que incrementen sus ingresos genuinos y ya algunos intendentes han modificado sus exigencias tributarias, tal vez exponiéndose a un costo político.
No se está tratando de menoscabar la imagen municipal, sino de registrar el hecho de que el “movimiento” de la administración es, en más de un caso, menos conocido por los vecinos y quizás, también, menos controlado por los organismos responsables que lo que ocurre en el caso del gobierno de la provincia. Y que la autonomía es, también, más generosa con los municipios.