Los gobiernos nacionales y provinciales se suceden; cambian los modelos económicos, se agitan, a favor y en contra, los vientos externos que influyen en la economía nacional y doméstica. El tiempo pasa, pero Catamarca se mantiene invariablemente entre las provincias con los mayores índices de desocupación. O al tope del ignominioso ranking, como lo ha dejado en evidencia la última medición del INDEC correspondiente al segundo trimestre de 2012.
La tendencia inalterable explica contundentemente las falencias de los sucesivos gobiernos que ha tenido la provincia para apuntalar un modelo productivo que dé cabida a un desarrollo del empleo al margen de la estructura elefantiásica del Estado. Esa estructura, engordada irresponsablemente en el último tramo del gobierno de Eduardo Brizuela del Moral, es la que paradójicamente logra disimular la verdadera magnitud del problema: ¿a cuánto ascendería el índice de desempleo en la provincia si se computaran los agentes públicos que ninguna función cumplen en la oficina o repartición a la que fueron asignados?
Otra paradoja que asoma visiblemente tiene que ver, en este contexto de elevado desempleo, con las dificultades a la que se enfrentan los empleadores privados para encontrar mano de obra capacitada, e incluso sin ninguna capacitación, dispuesta a ofrecer sus servicios a cambio de una remuneración. El absurdo, que contraría las leyes de la economía –parecería que hay exceso de oferta y de demanda de mano de obra al mismo tiempo-sólo se explica por la cultura de la dádiva y del fomento del empleo público alentados históricamente desde las oficinas gubernamentales. El sueño de todo catamarqueño sigue siendo alcanzar el status de empleado público.
El actual gobierno de Lucía Corpacci ha señalado en reiteradas ocasiones, con datos certeros, que ha recibido una provincia con grandes dificultades económicas. Sin duda que el altísimo nivel de desempleo –un 11,7% cuando el promedio nacional apenas supera el 7%- se inscribe en ese contexto de herencia recibida. Pero debe advertirse que la información corresponde al segundo trimestre del año, es decir, a un período que empezó a medirse cuando habían transcurrido casi cuatro meses de la nueva gestión. Lo que quiere señalarse es que la responsabilidad principal del estado de situación debe buscarse en los que gobernaron la provincia antes de diciembre, pero también que a medida que pasa el tiempo las responsabilidades son cada vez menos del Frente Cívico y cada vez más del Frente para la Victoria y el Partido Justicialista. Y esto cabe tanto para lo positivo como para lo negativo.
De modo que las actuales autoridades deberán esforzarse para generar los mecanismos que permitan la consolidación de un modelo de desarrollo sustentable en el que el sector privado, fundamentalmente en el área de producción, tenga un rol preponderante.
Revertir la lógica del empleo público o la asistencia estatal como objetivo centrales de nuestras vidas no será algo sencillo, pero se trata de una responsabilidad que el Gobierno no puede evadir.

EL ANCASTI