Opinion

Puro amague y catarsis

EDICIÓN IMPRESA |  CARA Y CRUZ Tras una semana de amenazar con...

 Tras una semana de amenazar con planteos judiciales e incluso un juicio político en contra de la gobernadora Lucía Corpacci por la designación vía decreto del Fiscal de Estado Marcos Denett, los senadores del FCS se limitaron ayer, en la sesión, a reiterar los ya conocidos argumentos contra el funcionario, en una cadena de discursos de carácter catártico sin la menor relevancia institucional. Puros amagues, los senadores radicales que tan bravos estuvieron hace un par de semanas para llevar adelante la controvertida sesión en la que se negaron a dar el acuerdo a Denett bajo el sólido fundamento de que el abogado es muy "mediático" y "no da el perfil" para el puesto. Las repercusiones de esta decisión son conocidas: el Gobierno avanzó con la designación por considerar que el pronunciamiento de los senadores opositores sobre los títulos de Denett, más allá de ser nulo por haberse consumado en una sesión que no contaba con el quórum reglamentario para realizarse, fue extemporáneo porque se había vencido ya el plazo constitucional para concretarlo; y el radicalismo respondió con advertencias de catástrofe institucional que, finalmente, parecen quedarse en mera descarga emotiva, sin correlato en acciones concretas.

Y es que para los radicales, tras veinte años de ejercicio del poder provincial, resulta incómodo el terreno en que ha ingresado el debate. Ausentes las razones de peso que sostuvieran el rechazo a Denett, caló en la opinión pública la respuesta del oficialismo: lo que los senadores no quieren es que las gestiones gubernamentales de la UCR sean investigadas. La cancha se les inclinó más con la elevación a juicio de dos causas emblemáticas como la del negocio del hambre con las compras directas en acción social, durante el gobierno de Oscar Castillo, y la compra irregular de medicamentos oncológicos en la OSEP bajo la dirección del médico y frustrado legislador Arturo Aguirre, ya en tiempos de Eduardo Brizuela del Moral. A estos dos voluminosos expedientes judiciales hay que sumarles otros hechos bajo investigación en tribunales, como el de la comida de los pobres que se destinó a forrajear chanchos, o la manipulación de los créditos FONDETUR en la Secretaría de Turismo, o la cuota de los planes sociales que punteros radicales se hacían quedar a cambio de otorgar y mantener beneficios. Sin la presión de los padrinos que los encartados tenían en el poder político, fiscales y jueces se sienten liberados para avanzar. Y como el Gobierno peronista apenas lleva nueve meses, el insumo para el foro penal y administrativo está en las dos décadas boinablancas. Que la Fiscalía de Estado se metiera a impulsar los procesos resultó intolerable para los senadores de la oposición. En la reacción del oficialismo se cuenta ahora el rechazo a las cuentas de inversión gubernamentales de 2008-2009, con 2 mil millones de pesos -es casi un tercio del último presupuesto- flojos de papeles. Este material irá a Fiscalía de Estado para determinar si se produjeron perjuicios para el erario. La disputa toma un cariz político bastante alejado de los sofismas leguleyos a los que los radicales son tan afectos.

El purismo republicano que los radicales, y específicamente los senadores, esgrimen ahora escandalizados por el derrumbe de las instituciones tiene una contra adicional: resulta inverosímil si se lo contrasta con la actitud que el sector político asumió cuando le tocó ejercer el poder. El encubrimiento para los adictos en problemas con la justicia fue una constante. Y en el caso concreto del Fiscal de Estado que ahora los inquieta registran un antecedente poco recomendable. Cuando en 2004 Brizuela del Moral pidió al Senado el acuerdo para que su cuñado Simón Hernández ejerciera el cargo, lo votaron con las dos manos, sin el menor análisis. Y había para rasgarse las vestiduras ahí: el responsable de velar por los intereses del Estado, aún si para ello debía contrariar al propio Gobierno, era nada menos que el cuñado del jefe de la administración pública. Pero a los senadores oficialistas que ahora lloran el perjuicio de la República aquello no les llamó la atención para nada. La hipocresía es palmaria.