La dinámica política nacional muestra una distancia cada vez más grande entre el titular de la CGT Hugo Moyano y la Casa Rosada, con un marcado aislamiento del sindicalista, cuya continuidad al frente de la organización se definirá este año. Tal es el marco del anuncio por cadena nacional de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre las paritarias para discutir salarios, libres y "sin techo", pero atadas a la rentabilidad de los respectivos sectores económicos y, en caso de no haber acuerdo, sujetas a la decisión final de una comisión cuya conformación encomendó a la ministra de Industria, Débora Giorgi, y al viceministro de Economía, Axel Kicillof. Más claro: la pretensión de la Presidencia es que los incrementos salariales se determinen en función de las utilidades que cada sector de la economía haya arrojado el año pasado. La comisión que conformarán Giorgi y Kicillof, precisamente, monitoreará el desempeño de cada sector para "tener los números de crecimiento a mano cuando se empantanen las negociaciones salariales" y tenga que intervenir. Las manifestaciones presidenciales están en sintonía con reiterados pedidos de la Unión Industrial Argentina (UIA). Cristina no mencionó a Moyano, pero varios pasajes de su alocución lo tuvieron como destinatario. "Hay sectores -dijo por ejemplo la Presidenta- donde la rentabilidad está dada por los subsidios, entonces se negocia no sólo con el dinero de la empresa, sino con el de todos los argentinos para acomodar salarios". La mandataria subrayó que en los últimos años el sector del transporte de cargas recibió subsidios por 5.000 millones de pesos.

El anuncio presidencial institucionaliza un seguimiento que el Gobierno venía haciendo de manera informal con los sindicatos y las cámaras empresariales para fijar una pauta salarial por rubro económico. La comisión estará integrada por el vice de Economía, Kicillof, la Subsecretaría de Competitividad, a cargo de Augusto Costa, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el de Planificación, Julio De Vido. La Presidenta reclamó "racionalidad" a todos los sectores en la discusión salarial, y criticó a los que apelan al "griterío" y a la "vocinglería", porque "no tienen argumentos para negociar". "Si a alguno no le alcanza con las razones de los hechos, les digo que las decisiones políticas las voy a ejercer como presidenta de los argentinos, y el que piense diferente tiene que postularse y que lo voten", desafió.

La criteriosa decisión de la Presidencia se hizo pública horas antes de que en Catamarca fracasaran las negociaciones para fijar el precio de la bandeja de aceituna para los salarios de los cosecheros, sobre lo que se informa en la página 5. Pero el laudo en este caso no será de la comisión evaluadora de la rentabilidad anunciada, sino de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, que integran la Subsecretaría de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo de la Nación, los ministerios de Economía y Agricultura, la Sociedad Rural, las Confederaciones Rurales Argentinas, CONINAGRO, la Federación Agraria, la Federación de organizaciones nucleadas de la agricultura familiar, CAME y UATRE. Hay escasas posibilidades que en esta Comisión se tengan en consideración los criterios desarrollados ayer por la Presidenta, por la sencilla razón de que entre sus actores no hay ninguno representativo de los sectores productivos olivícolas catamarqueños. Las organizaciones agrarias que lo integran representan a actividades donde el costo laboral tiene una incidencia mucho menor que en la olivicultura. Vale decir que no tienen noción de la realidad y las necesidades de este rubro, que, hay que recordarlo, está en caída libre desde hace años sin que se hayan aplicado políticas públicas relevantes para revertir tal circunstancia. Los antecedentes de indiferencia generalizada frente a la crisis terminal de la olivicultura no habilitan alentar expectativas optimistas.