Sólo algún fanático del “statu quo” diría que en Catamarca las defensorías añadidas al sistema institucional tradicional del Estado serían superfluas y motivo de gasto que debería destinarse a otras finalidades probadamente necesarias.
En jurisdicción de la Municipalidad de la Capital se intentó incorporar la figura de Defensor de los vecinos y a nadie se le ocurrió opinar que tal medida fuera un despropósito, o que hizo creer que la provincia empezaría a dar pasos concretos en materia de progreso institucional y calidad democrática. Esta ilusión quedó trunca en el último tramo de la gestión gobernante anterior, no porque hubiera reparos contra tal creación, sino porque no hubo acuerdo en relación con la persona propuesta para el cargo. Más precisamente, a la hora de discutirse el asunto en el Concejo Deliberante, una objeción de parte de una concejal del Frente Cívico y Social generó un conflicto que terminó impidiendo la culminación del trámite.
Ahora, ya en el ámbito general de la provincia, está creada la figura del Defensor del Niño, Niñas y Adolescentes, cuya misión será el control sobre los organismos que deben cumplir con la aplicación de la Ley 5357 de Protección Integral de Menores, además de velar por el respeto a los derechos de los destinatarios de la norma. Como se sabe, esta ley local, después de sancionada por la Legislatura, el Ejecutivo la vetó parcialmente sin afectar el artículo en que se contempla aquella creación.
La importancia de esta Ley, que convendrá que se sancione y promulgue a la mayor brevedad, es singularmente grande, porque, al decir de la diputada Verónica Rodríguez, que es miembro de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia, de la cámara baja, “con la ayuda de esta herramienta legal se va a poder desarrollar una tarea formidable para avanzar en la protección de los niños en Catamarca”. La misma legisladora refirió que en oportunidad de reunirse con el defensor Adjunto de Córdoba, el funcionario le hizo conocer la realidad de su provincia con respecto a la problemática de los niños, adolescentes y familia, agravada por la alta densidad de la población y el grave incremento de la violencia. Comparados con Córdoba, manifestó, aquí “estamos a tiempo, tenemos la oportunidad “porque si -advierte- tenemos como voluntad tener una política clara para sacar a los chicos de la calle y de la delincuencia, podríamos llegar a mejorar la situación para el futuro”.
Ciertamente, el campo de acción no podría ser más amplio ni arduo. Esta defensoría tendrá que movilizar todas las áreas de gobierno y a la sociedad entera, por cuanto los problemas del sector están relacionados con todas las dimensiones personales, lo que equivale a decir que será inevitable recurrir a todas las instituciones de la sociedad y del Estado. La ley habla de “protección integral”, lo que indica que será necesaria una consagración sin medida, y que tal grado de responsabilidad pondrá al futuro organismo en un riesgoso nivel de exposición.
Es de esperar que con la designación del Defensor o Defensora haya mejor suerte que la tuvo el fracasado intento de dotar a la provincia de un Defensor del Pueblo. Y que en su desempeño cuente con el apoyo de todos.