El ministro de Economía, Ricardo Aredes, admitió ante los diputados oficialistas la profundidad de la dependencia financiera provincial y sus consecuentes restricciones políticas. Casi en simultáneo con la confesión del funcionario, la desaparición de puestos de trabajo en el sector privado desnudó la impotencia del Gobierno para proporcionar respuestas o paliativos por sí solo. Dependencia financiera e impotencia son manifestaciones de un mismo fenómeno: Catamarca tiene un aparato burocrático elefantiásico e incompetente. Esta circunstancia encierra el problema básico catamarqueño, sobre el cual se estructuran todos los otros. En síntesis: la mayor parte de los recursos provinciales se escurre en el salario de una administración pública ineficaz, carente de mecanismos para responder ante una crisis que no entiende o directamente no le interesa mientras los sueldos se sigan depositando mes a mes.
Según Aredes, el 100 por ciento de la coparticipación federal se destina a sueldos. Significa, advirtió, que cualquier caída de los ingresos por ese concepto repercutirá en la regularidad de los pagos.
Este uso exclusivo de la coparticipación no sería excesivamente grave si el Estado lograra administrar el resto de sus cajas –recaudación provincial y, sobre todo, renta minera-, de modo que la presión de la administración pública sobre las finanzas aflojara en el mediano plazo.
No es la primera vez que este diario señala la conveniencia de diseñar políticas en este sentido. Ya en 2007 se subrayaron los inconvenientes que podrían surgir de no aprovechar la expansión económica para empezar a revertir deficiencias estructurales crónicas y, además, “blindar” a la Provincia para morigerar el impacto negativo de eventuales crisis externas. Estos inconvenientes comienzan a precipitarse ahora y encuentran a Catamarca desguarnecida porque, lejos de establecer mecanismos tendientes a conformar un Estado de proporciones razonables y capaz de afrontar con rapidez los requerimientos sociales, lo que se hizo fue incrementar sus planteles sin freno ni pausa, destruir la carrera administrativa en aras del clientelismo transversal a todos los estratos sociales, transformar amplias áreas del sector público -Desarrollo Social, por ejemplo- en nichos de corruptelas estructurales donde se fondeaba una actividad privada falsa, ya que existía sólo por y para proveer al Estado.
El fomento a la actividad privada fue nulo o, en el mejor de los casos, ineficiente.
El actual Gobierno tiene razón en destacar esta herencia nefasta. Pero tener razón no resuelve el problema ni le quita de encima la responsabilidad de solucionarlo.

Larga agonía
El papel cumplido al respecto por la clase política local, sin distinción de colores, ha sido muy pobre. El retroceso de la actividad privada se arrastra desde hace años, con recurrentes crisis cuyas causas jamás se atacaron a fondo, mientras los dirigentes se entretenían en intercambiar acusaciones y tenderse trampas mutuamente.
Jamás se abordó con seriedad el debate público de las alternativas que Catamarca tenía para romper con el círculo vicioso de la Estado-dependencia laboral.
Hay hechos puntuales que resultan muy ilustrativos sobre esta defección dirigencial.
Es notable, por caso, que recién ahora se licite la línea de alta tensión y el transformador correspondiente para reforzar la provisión energética, un insumo clave, al área industrial de El Pantanillo. O que recién ahora se hayan encarado las gestiones para incrementar el volumen de gas natural a través de la ampliación de un gasoducto.
Otro ejemplo es el de la actividad olivícola. La crisis se viene profundizando en el sector desde hace al menos cuatro años, ante una indiferencia generalizada de los actores políticos y sociales que prefirieron hacer caso omiso a las advertencias o atribuirlas a la mezquindad de los productores, mezquindad que, por cierto, muy pocos advertían o señalaban en los grupos de proveedores privilegiados del Estado, o en la usura que prosperaba a caballo de la miseria y los códigos de descuento que el poder repartía como confites, cómplice del expolio.
Gobiernos y legisladores nacionales y provinciales decidieron ser prescindentes en el tema, al punto que la Nación tomaba disposiciones en claro perjuicio de una actividad castigada por la caída de los precios internacionales, el atraso cambiario y la suba sostenida de los costos de producción, sin que ninguno se inquietara. El último golpe a la olivicultura, que provocó la suspensión de actividades del gigante Nucete en La Rioja, es consecuencia de las cruzadas del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno: Brasil le cerró la frontera a los productos olivícolas argentinos como represalia a las restricciones que el funcionario impuso al ingreso de productos brasileños.
La larga agonía de la olivicultura es paradigma de la agonía de muchos sectores productivos locales, incluso los industriales que analizan su continuidad en el marco de la incertidumbre sobre el régimen de Promoción Industrial.

Coyuntura difícil
La economía nacional atraviesa momentos difíciles. El Gobierno provincial, que suponía que tendría una situación desahogada por su adhesión a la presidenta Cristina Fernández, padece esto: no es que la Nación no quiera ayudarlo; es que no puede. Y en cualquier caso, la política impone prioridades y resultan más relevantes las urgencias de distritos mucho más grandes y decisivos en términos electorales que el gobernado por Lucía Corpacci. Es una realidad que excede cualquier voluntarismo y con la que hay que lidiar.
La dependencia financiera de la provincia es de tal magnitud que resultaría suicida sostener alguna diferencia con la Casa Rosada.
Pero el Gobierno puede, de cualquier modo, maniobrar en el estrecho margen de autonomía que le queda. Y tiene, por empezar, que plantear nuevos principios y bases para el consenso político.
Porque ya sin ninguna duda ha entrado en crisis terminal el “modelo catamarqueño” vigente desde hace décadas: el Estado elefantiásico no tiene espacio para crecer más sin devorarse a sí mismo.
Lo que señaló el ministro Aredes es más que claro.
Si los sueldos se llevan toda coparticipación, el resto de las erogaciones estatales permanentes se cubre con la recaudación provincial.
Expandir más el Estado implicará entrarle a la renta minera para cubrir gastos corrientes, algo que seguramente ya se ha hecho, pero sólo en forma circunstancial.
Y el corolario: entrarle a la renta minera para financiar gastos corrientes, convertirla en sostén económico para designaciones e incrementos salariales de la administración pública, supondría renunciar a la más importante fuente de financiamiento para el desarrollo autónomo de Catamarca.
El Gobierno no sólo está condicionado por la restricción de los recursos. También lo condiciona una cultura política provinciana que fue incapaz de imaginar un destino más ambicioso que el usufructo parasitario del Presupuesto. Modificar tal concepción es un desafío que la crisis general plantea como ineludible.

CAJONES

Ha entrado en crisis terminal el “modelo catamarqueño” vigente desde hace décadas: el Estado elefantiásico no tiene espacio para crecer más sin devorarse a sí mismo.

El Gobierno está condicionado además por una cultura política provinciana que fue incapaz de imaginar un destino diferente al usufructo parasitario del Presupuesto.