EDICIÓN IMPRESA | CARA Y CRUZ. La asunción de Daniel Andrada...
La asunción de Daniel Andrada en lugar de Arturo Aguirre en la Cámara de Diputados es un indicio más de la descomposición en que se encuentra sumido el radicalismo, al margen de alguna aislada señal de recuperación como la que dio el bloque de senadores con la negativa a prestar acuerdo como Fiscal de Estado a Marcos Denett. Esta descomposición se manifiesta en el deterioro de los lazos de solidaridad entre integrantes de un mismo sector político -como en teoría serían Andrada y Aguirre- y en la falta de reflejos para advertir que en realidad, el peronismo pretende extender a todo el FCS la imputación de "inhabilidad moral" que descargó sobre el ex director de OSEP para negarle el ingreso a la Cámara baja. Que Andrada haya aceptado asumir en lugar de Aguirre implica que comparte las razones del peronismo expulsor: el médico acusado en la causa OSEP carece de las condiciones morales necesarias para ser legislador. Si así no fuera, tendría que haberlo explicado después de prestar juramento, para dotar a su ingreso de algún significado institucional diferente.
Pero tampoco el FCS se inquietó por proteger la moral fustigada del impugnado Aguirre. La moción de conformar la Comisión de Poderes para tratar los títulos del médico, planteada por el presidente del bloque del FV Roberto Perrota, fue apoyada por el titular de la bancada radical, Julio Salerno, y aprobada por unanimidad. Esta actitud revela que la exclusión de Aguirre contaba con el acuerdo de la oposición radical: el rechazo a su ingreso se impuso con 19 votos, contra 16 de los radicales y una abstención. La hipocresía de la puesta en escena es evidente. Al FCS le hubiera bastado con retirarse del recinto para que la arremetida peronista naufragara: el quórum reglamentario para sesionar es de 21 diputados, y el rechazo juntó dos votos menos. La suerte del ex director de OSEP fue pactada entre radicales y peronistas. El diputado Ricardo Del Pino consideró que la exclusión debía definirse por mayoría calificada de dos tercios, argumento de inviabilidad palmaria desde el vamos y, por tanto, esgrimido para tratar de hacer más verosímil la "mise en scène". Luego fue muy notoria la ausencia de alusiones particulares sobre las condiciones de Aguirre, que con seguridad ha de tenerlas. Ni un responso por el galeno, ni un intento por postularlo como víctima de una injusticia, ni un discurso para confrontar la movida peronista tendiente a convertir al amigo de Eduardo Brizuela del Moral en encarnación de la corrupción radical. No se trataba de proponer alquimias reglamentarias, sino de defender a Aguirre porque las acusaciones en su contra son injustas. Y si no, es porque para el FCS, como para el FV, las acusaciones no son injustas. No era una disputa jurídica, ni tenía que ver con sentencias firmes o estados de las causas judiciales, sino una maniobra de carácter político que apuntaba a acusar en Aguirre a todo el radicalismo. Andrada no abordó ni éste ni ningún otro aspecto, pues poco debía interesarle el pellejo del excluido mientras él embuchara el tercer mandato consecutivo como diputado. Pero tampoco el resto ensayó una defensa personal del médico, figura emblemática del FCS y particularmente del radicalismo.
Se veía venir, de todos modos. Las demoras en la asunción de Aguirre obedecieron más a las rencillas intestinas del radicalismo que a las intenciones del FV. Estas disputas internas, muy menores, son otro elemento que se suma a las muestras de la dispersión y falta de rumbo de la oposición. El caso del ex director de OSEP no mereció ningún pronunciamiento orgánico de la UCR, y se está hablando de un dirigente cuya significación no puede ni compararse con la de quien lo reemplaza, dicho esto sin ánimo de ofensa. Aguirre fue legislador y ministro antes de comandar la obra social, además de un hombre del entorno más íntimo del ex gobernador Brizuela del Moral. El sentido del golpe peronista es inequívoco. Sin embargo, el radicalismo persiste en el internismo que, ejecutado ya del poder, percute sobre un "afecto societatis" que a esta altura puede considerarse inexistente.