Intervenida por el Gobierno y camino a la liquidación para transferir su patrimonio a la nueva empresa minera y energética del Estado, SOMICA DEM exhibe elementos cada vez más sugestivos. Como se informó en la edición de ayer, pesan sobre ella multas aplicadas por la Secretaría de Minería cuyo monto asciende a nada menos que 11 millones de pesos. El 90 por ciento de las sanciones, calculan en el organismo, son por incumplimiento de la normativa vigente para el transporte de la rodocrosita extraída de Minas Capillitas. Según estas regulaciones, el transporte desde la mina hasta Andalgalá es gratuito, aunque igual debe consignarse el volumen transportado en una hoja de ruta. Desde Andalgalá a cualquier punto de la provincia debía abonarse el 5% del mineral declarado, y el 30% cuando el transporte era hacia el resto del país. SOMICA DEM sólo pagaba el 10% de lo que declaraba, y por el resto nunca pagó pese a las reiteradas intimaciones de Minería. Otras sanciones fueron ejecutadas por demoras en el envío de las hojas de ruta al organismo provincial. Ya es un indicio fuerte de la por menos improlija administración de SOMICA el hecho de que acumulara multas por 11 millones de pesos. Resulta más sospechoso todavía que estas multas fueran por incumplimientos relacionados con el transporte de rodocrosita.

David de la Barrera, el interventor de SOMICA designado por el Gobierno, señaló que la empresa nunca presentó un balance con resultado positivo que le permitiera a la Provincia, propietaria del 51% de las acciones, percibir utilidades por la explotación de su rodocrosita. A la consideración de De la Barrera queda ahora un interrogante no menor: ¿Cuánta rodocrosita de Minas capillitas se extrajo, transportó y comercializó en efecto? Aparte de la falta de pago del canon por el transporte del volumen asentado en las hojas de ruta, habría que evaluar cuán confiable es la información en tal sentido. El desempeño de SOMICA fue siempre un misterio desde que el gobernador Eduardo Brizuela del Moral decidió reactivarla en 2004, pese a una sentencia de la Corte de Justicia que había declarado su disolución y el retorno al patrimonio de la Provincia del área Cerro Atajo, el aporte de capital del erario catamarqueño para la constitución de la firma. Se sostenía que, al tratarse de una empresa privada, aunque la mayoría de las acciones fueran del Estado, no tenía por qué dar cuentas al público en tal sentido. Ahora aparece esto de las multas y las nebulosas en cuanto al transporte del mineral. No puede descartarse sin indagaciones la posibilidad de un gigantesco desfalco con la rodocrosita.

Entre las políticas que el Gobierno tiene que llevar adelante para descomprimir el conflictivo escenario minero, es relevante la de hacer confiable al Estado en el manejo del negocio. Los pobres resultados obtenidos en tal sentido con SOMICA DEM -pobres, al menos, en lo que se refiere a los ingresos que la firma representó para el erario- son una cuesta que deberá remontarse para ello. El patrimonio de SOMICA pasará con seguridad a la nueva empresa minera, que es totalmente estatal. Y de ahí hasta poder constatar lo que se logra pasará un tiempo considerable. Mientras tanto, sería una gran contribución avanzar en develar las incógnitas sobre SOMICA. ¿Qué ocurrió en realidad? Como el propio De la Barrera se pregunta: si el Estado no se benefició con la reactivación de la empresa, ¿quién lo hizo?