Mientras la policía se entrena en técnicas de defensa israelíes para reprimir sin utilizar más armas que las manos, el bastón y las esposas, se extiende entre los civiles la costumbre de resistir las decisiones de las autoridades e incluso atacar a las fuerzas de seguridad.
El martes, un móvil policial de la Comisaría Séptima fue emboscado en el norte capitalino cuando acudió al llamado de una mujer que había pedido auxilio por una supuesta reyerta familiar. Unas cien personas atacaron sorpresivamente a los policías y detonaron un feroz enfrentamiento, cuyo saldo fueron tres arrestados -dos de ellos menores-, tres policías heridos, colectivos apedreados y móviles destrozados. Tuvieron que intervenir las comisarías Octava, Tercera y Décima, los grupos especiales Kuntur y de Intervención Rápida (GIR y la Infantería para dispersar a los revoltosos. Los detenidos fueron liberados pocas horas después de los incidentes.
La Comisaría Séptima empieza a parecerse al Séptimo de Caballería del "far west", aunque no la acosan los apaches sino grupos de rebeldes. Se trata del destacamento sitiado en la madrugada del 14 de marzo pasado, en la revuelta de Parque América, por motociclistas que circulaban a su alrededor al modo de los pieles rojas mientras los policías permanecían adentro y otras bandas se dedicaban a los desmanes en los alrededores, a hondazos y con bombas incendiarias.
Los dos ataques mencionados son tal vez los más graves de una inquietante lista: el 13 de diciembre de 2011, dos arrebatadores huyeron en la zona sur asistidos por vecinos que apedrearon a los policías; una semana después, ladrones lograron escapar en el norte, también auxiliados por vecinos; el 28, en el barrio Los Ceibos, dos motociclistas del grupo Kappa fueron patoteados por vecinos de un delincuente al que buscaban tras una persecución en la que un móvil terminó estrellado contra un palo borracho; el 13 de marzo pasado, el ex boxeador Claudio "Buyú" Oliva se ocultó en su casa para escapar de la policía, y sus vecinos hicieron huir a los policías a pedradas; el 25 de mayo pasado, en La Paz, familiares y allegados de cuatro menores que habían agredido a otro repelieron a las fuerza policiales con piedras y agua hirviendo.
Esta sucesión de reacciones violentas -la lista es parcial- preocupa a los responsables políticos de la seguridad pública, de acuerdo con lo expresado por el subsecretario Juan Pablo Morales después de los últimos incidentes. "El problema es que los policías son atacados cuando acuden ante un llamado, se los engaña intencionadamente y sin razón de ser", se quejó ante la escalada.
Y es que a la policía parecen tenerla ya para el churrete. Cualquiera se le anima. Entre los incidentes consignados no es posible encontrar más motivación que la decisión de escapar y resistirse a la policía. No existen causales de tipo político como las que podrían provocar choques en manifestaciones. Lo que hay es un significativo deterioro de la capacidad disuasiva que debería tener la presencia policial.

Réplicas
El ejemplo cunde.
A la Municipalidad de la Capital le resultó imposible clausurar la Expo Regalo por la resistencia que encontró entre los feriantes. Tenía la orden de la Justicia de Faltas, pero le rompieron cinco fajas de clausura y cuando los inspectores quisieron impedir que el emprendimiento comercial funcionara los echaron a patadas. Solicitaron la asistencia de la Policía, pero no obtuvieron respuesta. El jefe de los inspectores sólo pudo radicar una denuncia por las agresiones, sobre la cual no se tienen novedades. La feria vendió sin impedimentos y quedó asentado el precedente: las decisiones de la Municipalidad y la Justicia de Faltas pueden ser desobedecidas sin mayores consecuencias.
El elemento común entre los ataques a la Policía y la frustrada clausura de la Expo Regalo es la impotencia estatal, alumbrada por la propensión a confundir el ejercicio del principio de autoridad con el autoritarismo. El Estado teme los efectos políticos negativos que pueda acarrearle el recurso a la fuerza para imponerse y este temor lo anula. Teme que si impone su autoridad lo acusen de autoritario. Tal temor es cada vez más perceptible y alienta la rebeldía en todos los ámbitos.
No es un fenómeno nuevo. Hace unos años se dio el caso extremo de los regantes de Fiambalá que se negaron impunemente, incluso con violencia, a cumplir una sentencia de la Corte de Justicia que les ordenaba habilitar turnos de riego a un emprendimiento vitivinícola. El máximo tribunal provincial fue incapaz de imponer su criterio.
Desde hace años, lúmpenes con prontuario utilizan como coartada una autoadjudicada chapa de dirigentes sociales para incordiar con piquetes y minipiquetes sin sufrir la más mínima molestia. Algunos de ellos son investigados por extorsionar a beneficiarios de planes sociales con la amenaza de excluirlos de la asistencia si no les daban una cuota mensual de la miseria que recibían, pero la investigación no ha arrojado resultados.
Con estos antecedentes de impunidad, no pueden extrañar las dificultades para encontrar soluciones a conflictos como el de los bloqueos antimineros o las ya perpetuas marchas a la plaza para reclamar por cualquier motivo, incluido el de exigir la liberación de encartados por delitos comunes.

Peligroso escenario
Como consecuencia, se profundiza la sensación de inseguridad, que se traduce a su vez en la inclinación a ejercitar la justicia por mano propia, con todos los peligros que implica. Esto es todavía incipiente, pero son señales las noticias de personas que asumen su propia defensa, quienes han tenido hasta ahora la suerte de no toparse con delincuentes dispuestos a responderles.
Se generaliza la impresión de que el Estado no es capaz de hacer valer su autoridad. Y mientras tanto, los poderes Ejecutivo y Judicial se atribuyen mutuamente las responsabilidades.
La situación entraña riesgos que no se consideran en la discusión pública. El mayor de ellos es el de algún desenlace fatal. Sólo basta pensar qué hubiera pasado si los comerciantes que se oponían a la instalación de la Expo Regalo, por ejemplo, decidían cubrir por sí mismos la impotencia municipal. No se animan, se dirá; pero bastará que alguno se anime -y lo de la Expo Regalo es sólo un ejemplo- para tener entre manos un problema mucho más grave y difícil de resolver.
No es que a los policías "se los engaña sin razón de ser". Hay una razón muy clara: engañarlos y atacarlos es, hasta ahora, fácil y gratuito.

CAJONES

El Estado teme los efectos políticos negativos que pueda acarrearle el recurso a la fuerza para imponerse y este temor lo anula. Teme que si impone su autoridad lo acusen de autoritario. Tal temor es cada vez más perceptible y alienta la rebeldía en todos los ámbitos.

Se generaliza la impresión de que el Estado no es capaz de hacer valer su autoridad. Y mientras tanto, los poderes Ejecutivo y Judicial se atribuyen mutuamente las responsabilidades. La situación entraña riesgos que no se consideran en la discusión pública