Entusiasmados en la pelea por los fondos municipales, el intendente de Fiambalá, Amado David "Coco" Quintar, y el subsecretario de Asuntos Municipales, Daniel Lavatelli, se esfuerzan por introducir elementos novedosos y atractivos en sus discursos, con el loable objetivo de hacer más accesible al vulgo la contabilidad comunal, tema árido si los hay. Es un servicio que la sociedad agradece por lo que tiene de didáctico. Ambos referentes políticos han tomado una senda antiquísima, ya transitada por Esopo en sus fábulas e incluso, más cerca en el tiempo, por nuestro Luis Franco en sus obras "Biografías animales" y "El zorro y su vecindario". Harto de las quejas del "Coco", el inminente titular de la UCR provinciana, Lavatelli recurrió a una metáfora zoológica para enriquecer la discusión sobre la autonomía y las finanzas municipales: "Hacer callar a Quintar es como hacer callar una chancha a palazos". Brillante definición del subsecretario, aunque paradójica, porque Quintar, al contrario de la chancha apaleada, se quedó callado durante un par de días frente a tan contundente argumento. Sin embargo, se ve que el caudillo del oeste dedicó el tiempo a estudiar el mejor contraataque posible, y de su escrutinio bibliográfico extrajo una frase eficaz, utilizada alguna vez por la dirigente Moria Casán: "De un burro no se puede esperar más que una patada". Ahora le toca a Lavatelli, quien se está asesorando para retribuirle atenciones a su rival dialéctico en la reunión de la Comisión de Participación Municipal prevista para mañana, si es que el manejo de los tiempos políticos no lo decide a retrucar antes. Se aceptan sugerencias, pero deben superar en vuelo poético y profundidad filosófica lo de la chancha y el burro.

Más allá del talento literario y el conocimiento de la cultura popular exhibidos por Quintar y Lavatelli, la situación en varios municipios del interior es muy complicada. La mayoría ya confirmó que darán aumentos de sueldos, pero en ningún caso llegan al piso de $750 pesos establecido en el otorgado por el Gobierno provincial. Las cuentas no les cierran. El panorama es más grave en los municipios que cambiaron de mano política debido a la designación de agentes a mansalva. Como se informó ayer, el plantel de empleados municipales se incrementó en un 13% entre marzo y diciembre del año pasado, justamente el período de transición entre las elecciones y las asunciones. Este frenesí designatorio estuvo avalado desde el propio Gobierno de Eduardo Brizuela del Moral, que a lo largo de la transición también se dedicó a regularizar contratos basura con la excusa de preservar a los agentes de supuestas persecuciones políticas. Junto a administraciones en muchos casos caóticas, los nombramientos sin previsiones configuraron el escenario de crisis al que se asiste, empeorado por la restricción de los ingresos.

Y a propósito de los ingresos, una de las grandes deudas que tienen los intendentes está vinculada al uso que hicieron de las regalías mineras que empezaron a cobrar en 2004. Impericia y venalidad se combinaron en el despilfarro de estos fondos, cuyo marco regulatorio nunca fue reglamentado para reducir los márgenes a la interpretación del brumoso objetivo para el que teóricamente debían destinarse: "Obras de infraestructura para el desarrollo económico y capacitación para actividades productivas". La semana pasada concluyó en Brasil la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable-Río+20. El documento final dedicó dos párrafos exclusivamente a la actividad minera, lo que generó polémicas con grupos ambientalistas, porque se reconoció su importancia, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Un pasaje parece haber sido redactado particularmente para el caso catamarqueño: "Hacemos un llamamiento a gobiernos y empresas para promover la mejora continua de la rendición de cuentas y transparencia, así como la eficacia de los mecanismos existentes para evitar flujos financieros ilícitos de las actividades mineras".