Dos noticias
recientes tienen como protagonistas, nuevamente, a los sindicalistas en
situación de piquete. Por un lado, la Fiscalía Federal decidió imputar a la
gremialista Norma Cuesta, del SOEM de Chumbicha (Capayán) por "entorpecimiento de la seguridad del tránsito y de los
medios de transporte y de comunicación”, un delito establecido en el artículo
194 del Código Penal, en respuesta a una denuncia realizada por un particular
afectado. Por el otro, el juez de Garantías Ramón Porfirio Acuña decretó la
nulidad de la elevación a juicio en la causa que involucra a municipales de
Valle Viejo, tal como lo había dispuesto el fiscal Ezequiel Walther, y le
ordenó que instruya la investigación desde fojas cero. Según el juez, el
problema es de forma, no de fondo: debe efectuarse de nuevo la "determinación
del hecho” y las intimaciones a los sindicalistas acusados. Es decir, apenas un
alivio transitorio para los municipales chacareros que cortaron la ruta a la
altura del Parador en diciembre de 2016 y que se negaron a obedecer la orden
judicial de liberar el paso a los transeúntes. Lo que verdaderamente importa a
raíz de estos casos es que la Justicia, tanto federal como provincial, empezó a
actuar respecto a los piquetes que trastornan la vida a los ciudadanos.
Sobre la gremialista Cuesta pesa una
denuncia realizada por el fotógrafo cordobés José Pereyra, quien trabaja
habitualmente con los colegios privados de Catamarca. El 24 de abril pasado, el
hombre se dirigía a la capital catamarqueña proveniente de Córdoba. Al llegar
al puente de Chumbicha, sobre la ruta nacional 38, se topó con el corte total
que realizaban los municipales de esa localidad, con Cuesta a la cabeza. Tenía
que estar sí o sí ese día para realizar un trabajo, pero no pudo hacerlo. Pese
a que la Policía intentó disuadir a los piqueteros, Cuesta se mantuvo firme en
no dejar pasar a nadie, quizás con alguna excepción si se trataba de
ambulancias en emergencia. Pereyra se presentó al día siguiente en la Fiscalía
Federal y presentó su denuncia contra la mujer. El delito al que se refiere el
Código Penal alcanza a todo aquel que "impidiere, estorbare o entorpeciere el
normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los
servicios públicos de comunicación, de electricidad o de sustancias energéticas”.
El fiscal Santos Reynoso imputó a Cuesta y ahora el juez Ricardo Moreno debería
citarla para su indagatoria. Para el denunciante, su satisfacción es que "un
acto delictivo no quede impune y siente precedente en otros casos
similares". "Voy a ir hasta el final con esto”, aseguró. Y está muy bien
que así sea.
En cuanto al piquete chacarero, el fiscal
Walther había resuelto enviar a juicio a 13 sindicalistas del SOEM de Valle
Viejo, no solo por haber impedido la libre circulación a la altura del Parador
municipal, que en un lugar de alto tránsito, sino además por haber desobedecido
la orden judicial de desalojarla. La imputación fue por "entorpecimiento
del tránsito”. Más todavía, unos días después de aquella protesta por reclamos
salariales, ordenó la detención de uno de los gremialistas, Jorge Escalante, lo
que desencadenó una virulenta reacción del SOEM frente a Tribunales, donde
además de endilgarle gruesos adjetivos al magistrado, aseguraba que con esta decisión
la Justicia estaba criminalizando la protesta social. Un latiguillo habitual de
las organizaciones piqueteras y del sindicalismo extorsivo. Y hace algunas
semanas, cuando se conoció la elevación a juicio, otro dirigente del gremio
chacarero amenazó con "sitiar Catamarca” si la Justicia no daba marcha atrás
con esa causa. Nada menos descabellado. Allí están las leyes que protegen sus
derechos y los abogados para pedir que se apliquen. La vía es judicial, no el
piquete. Cualquiera sea el final de estos procesos, sirve como alivio saber que
la Justicia ha empezado al fin a sopesar el derecho de los terceros en
discordia: la gran cantidad de personas que deben dejar de trabajar, de viajar
y de circular con absoluta libertad por reclamos ajenos que, por más justos que
sean, terminan cercenando derechos de la mayoría.