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Sáb 29 de Abril 2017 | 22:09 hs

San Fernando del Valle de Catamarca
EDITORIAL

La protesta social y los consensos necesarios

En las últimas semanas son varios los temas de actualidad que cruzan el debate político en la Argentina. ...

En las últimas semanas son varios los temas de actualidad que cruzan el debate político en la Argentina. Uno de ellos es el de la legitimidad o no de las protestas sociales que incluyen cortes de calles o de rutas. Es decir, lo que comúnmente se denominan "piquetes”.
El tema es planteado como la colisión de derechos –el de protesta y el de libre tránsito- y la legítima demanda de una porción importante de la sociedad es que ambos se concilien, y no por la acción de la fuerza represiva, sino más bien como consecuencia de pautas claramente establecidas, resultado sin duda de la negociación política. 

Se trata de una posición intermedia y razonable, pero no siempre esa postura es la que prevalece en las enfáticas argumentaciones que se suelen oír en las discusiones entre los partidarios de los piquetes y los que los detestan, tanto a estas acciones de protestas como a sus protagonistas. Esta posición intermedia y razonable es la que admite la realización de protestas sociales, siempre y cuando sea por un lapso acotado y no incluya violencia.
Es necesario apuntar que las opiniones acerca de la legitimidad de los piquetes varían según la perspectiva política desde la que se los analiza. E incluso se modifica según las circunstancias y la identidad política de los piqueteros. 

Por caso, los partidarios del actual gobierno nacional reivindicaron los piquetes de los productores en sojeros, que en 2008 cortaron numerosas rutas de todo el país durante días enteros, en un plan de lucha que duró varios meses. Un actual ministro del gabinete de Macri fue, incluso, activista central de estas protestas. 

Por el contrario, los partidarios del gobierno anterior, que rechazaron los piquetes contra su propia gestión, alientan los actuales.

Pero más allá de las visiones interesadas, resulta muy necesario arribar a consensos amplios respecto de los límites que deben tener las protestas sociales. A esos consensos se llega no mágicamente, sino a través de complejas negociaciones que requieren de la intervención de la política.

Si deben rechazarse las protestas violentas, prepotentes y que avasallan derechos de terceros, del mismo modo no deben tolerarse acciones represivas que, como es muy habitual en las fuerzas de seguridad de nuestro país, suelen excederse largamente en sus atribuciones. 
El orden no es la consecuencia de la liberación de las calles por la fuerza, sino el resultado del triunfo de la política, cuya misión es contribuir a conciliar los derechos y a dar respuestas a aquellas demandas sociales que son legítimas.

Esta última acotación debe considerarse seriamente. Porque entre tanta discusión respecto de los límites de los piquetes, ha quedado como una discusión demasiado secundaria la de las causas que originan las protestas. La falta de trabajo, la pobreza, la inseguridad son demandas atendibles. Cuando en base a estas razones se montan las protestas sociales, la respuesta imprescindible no es el desalojo del lugar, sino la generación de políticas orientadas a solucionar esos problemas.

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