viernes 29 de marzo de 2024
carta al director

El debate educativo degradado


En este tiempo, asistimos como docentes, como padres de familia, como alumnos, como sociedad, al conflicto que es un clásico de los inicios del ciclo lectivo.
La amenaza del paro docente, el guión conocido de propuestas del Estado y de reclamo gremial docente. Estrategias que no son nuevas, pero que ya se naturalizan: el ministro de Hacienda reemplaza al ministro de Educación, que sin política educativa pierde su razón de ser; y en cuanto al Gobierno, con la prolongación del conflicto, se desgasta en la lucha gremial.
Los temas y sus enfoques que se presentan en el debate no enriquecen ni cambian:
- El reclamo salarial es justo, legítimo y necesario de resolver, pero si solo se actúa por la urgencia, se pierde lo importante. El paro docente, al no incluir cuestiones estructurales o de mediano plazo del problema educativo, termina cayendo en una degradación del debate educativo.
- Los docentes que estamos en las aulas o conduciendo las instituciones por concurso, si somos críticos de las políticas educativas corremos el riesgo de "salirnos” de la lealtad partidaria o se nos quita legitimidad porque hace 30 años fuimos funcionarios.
- Si ejercemos nuestras posiciones divergentes con las formas y contenidos de la representatividad gremial de la docencia, nos pueden sindicar como oficialistas. Cuando solo decimos que lo importante es la reivindicación salarial como dignificación del educador, pero lo esencial es aportar desde la vivencia institucional-áulica, es reclamar que exista una política educativa que mejore la formación docente y de los niños y jóvenes catamarqueños.
-Tomemos otros caminos en los que, al menos, la ciudadanía se plantee una jerarquización de la reflexión educativa.
Analicen y expongan al Estado y a las representaciones nuestras, de los docentes, a una serie de cuestiones: formación docente, colisión del derecho a huelga con el derecho a la educación, la realidad de escuela pública (sin personal administrativo, de servicios generales, de auxiliares docentes bedeles, bibliotecarios, ayudantes de laboratorios), sin jefes de alumnos, sin laboratorios científicos-tecnológicos.
Tomemos en los niveles que nos correspondan decisiones respecto al modelo pedagógico, el supuesto "facilismo” de sistema de promoción actual y la privatización de la matrícula por causa de los paros docentes.
La privatización de la matrícula tiene razones estructurales, derivadas de decisiones políticas concretas, que favorecen esta migración. En este marco, un paro docente no es la causa de la privatización, sino una de sus consecuencias, dado que para que se produzca ese proceso se deben empeorar las condiciones de trabajo y enseñanza de la escuela pública. 
Es importante analizar esta "falsa” inclusión educativa que "aprueba a todo el mundo”; y por otro lado, la idea predominante de la necesidad de un sistema de evaluación y autoevaluación de funcionarios hasta el nivel de directores generales de niveles y modalidades, de los supervisores, de los directivos, de los docentes, de los alumnos, de la familia en su compromiso con la educación de sus hijos.
No nos debe incomodar que el presupuesto educativo y su distribución tengan relación con la Evaluación de la Calidad Educativa. Así lo hizo con excelentes resultados el revolucionario gobierno de Rafael Correa en Ecuador, que tardó dos años con paros y de huelgas hasta que se comprendió que el sistema educativo ecuatoriano era justo, solidario y de calidad, y cuyo resultado fue que logró contar con los docentes más jerarquizados de América Latina. De hecho, Ecuador es uno de los países reconocidos por su calidad educativa en la región.
Claro que en Ecuador el gasto en asesores empresarios, políticos, gremiales, cámaras legislativas sobredimensionadas fue redireccionado a la política educativa, porque, en definitiva, en la escuela pública se forma casi la totalidad de la población escolar, hasta hijos de los funcionarios y de sus legisladores.
Los sistemas educativos ecuatoriano y finlandés construyen confianza. El que tiene que proveer las condiciones para que el derecho a la educación se garantice es el Estado, entre otras cosas pagando salarios que no sean de hambre. Pero también manteniendo los edificios, digitalizando las aulas, pintando las escuelas, poniendo acondicionadores para el verano y calefacción para el invierno, brindando material didáctico que compramos los docentes de nuestro bolsillo.
En síntesis, la democracia sigue con sus cuentas pendientes, que no pasan por la nostalgia educativa. El debate educativo está teñido por conflictos coyunturales, que retardan y obstaculizan los diagnósticos sobre los esquemas actuales para arribar a soluciones pertinentes para el siglo XXI.
No obstante, los docentes tenemos una gran deuda. Se trata de visibilizar nuestro trabajo diario –la innovación pedagógica que llevan adelante todos los días miles de docentes en todo el país– en nuevos formatos que permitan su circulación en las redes y puedan obtener espacios reducidos de aire. Esto puede ser tachado de posmoderno, pero la comunicación actual tiene esas lógicas. 
Esto, a su vez, abriría el campo para otras formas de lucha gremial que complementen -y fortalezcan- la del paro y la negociación sindical, y que visibilicen aún más los problemas que exceden por mucho el salario y las figuras de Baradel y Vidal. Así, tal vez podríamos comunicarnos mejor con la sociedad en su conjunto, e ir ganando adhesiones y solidaridades.

Lic. Nicolás Quiroga
Docente
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