domingo 24 de marzo de 2024
|| EL MIRADOR POLITICO ||

Planteo oportuno

El presidente de la Corte de Justicia de Catamarca, José Ricardo “Pepe” Cáceres...

Por Redacción El Ancasti
El presidente de la Corte de Justicia de Catamarca, José Ricardo "Pepe” Cáceres, propuso al resto del tribunal plantear un "conflicto de poderes” por el recorte de $100 millones que el Poder Ejecutivo Provincial aplicó unilateralmente sobre el presupuesto elevado por el Poder Judicial para 2017. Esta por ahora solitaria queja obtuvo el tímido respaldo del Colegio de Magistrados a través de unas declaraciones de su titular, Miguel Ángel Contreras.
 

"En principio no puedo más que compartir toda preocupación que importe un recorte al Poder Judicial. El Poder Judicial ha crecido, tiene más dependencias, magistrados, funcionarios, personal; es decir, hay muchísimas erogaciones y, obviamente, sobre la base de semejante cantidad de gastos, tener que soportar un recorte no nos cae muy bien. Comparto este planteo que se hace en el seno de la Corte y la Corte tendría que tener una respuesta. Estamos expectantes a ver qué resuelva, porque es el órgano que se tiene que pronunciar sobre este punto”, dijo el representante gremial de jueces y fiscales, antes de expresar su disidencia: "Me hubiera gustado –añadió- que este tipo de planteos se hubiera hecho en otra época, cuando el Poder Judicial era el peor remunerado del país y el que recibía porcentajes presupuestarios más reducidos. Estamos de acuerdo con que el recorte no debe existir y al Poder Judicial se le deben otorgar todos los recursos para funcionar, pero también tendríamos que recordar que en el pasado fuimos muy castigados en este mismo sentido y nunca hicimos un planteo de esta naturaleza”.
 

Puesto que la mesura es considerada una de las virtudes medulares en quienes tienen la misión de impartir Justicia, reconforta saber que se cuenta con magistrados tan ecuánimes como el doctor Contreras. No obstante, como también rige, por fortuna, la democracia, se admitirá el disenso en lo que concierne a lo inoportuna, impertinente o incoherente que, a criterio de Contreras, es la sugerencia del doctor Cáceres. Esto, en tren de ampliar el campo de análisis para que la por el momento módica polémica no quede restringida a la corporación judicial.
 
 
Dependencia

Al margen de las malas, regulares o buenas remuneraciones que hayan recibido, reciban o vayan a recibir por sus tareas jueces, fiscales, funcionarios y empleados de la Justicia, la sugerencia de Cáceres a sus colegas puede ser útil para discutir los criterios empleados al definir la inversión de los recursos públicos. 
 

Señala Cáceres que podarle fondos al Poder Judicial lesiona su independencia, porque "no puede haber independencia del Poder Judicial si (éste) no se puede dar su propio presupuesto”. En tal sentido, recuerda que la Justicia "administra los fondos aprobados sin la provisión de fondos extra; es decir, se ejecuta el presupuesto original, sin refuerzo de partidas”, lo que contribuye a su "previsibilidad”.
 

Para el presidente de la Corte, el recorte que implementó el Gobierno coloca a la Justicia "en una situación de desfinanciamiento, obligándola a realizar un importante ajuste en sus partidas y seguramente a solicitar más fondos, lo que indudablemente afecta la juridicidad y el equilibrio de poderes”. Ciertamente, pues ¿a quién habría de requerirle las partidas extra necesarias para no caer en cesación de pagos la Justicia si no es al Poder Ejecutivo?
No se trata de que el Poder Judicial tenga que ser eximido de esfuerzos en el marco de la crisis. De hecho, bastantes privilegios tienen los magistrados y bastante cobran, pero en cualquier caso las restricciones tendrían que acordarse con ellos. 
 

Lo que ocurre con el recorte unilateral del Gobierno podría ser más grave: al colocar a la Justicia en posición de dependencia económica, se ha munido de instrumentos para condicionarla. El juego institucional podría verse, en efecto, desvirtuado.
 

Distorsión
 

Contreras, en realidad, tenía a mano otros elementos más consistentes que los supuestos padecimientos sufridos en tiempos pretéritos por la familia judicial para recriminarle a Cáceres la impertinencia de su reclamo. Tomaron estado público hace muy poco, en las páginas de El Ancasti. Son datos oficiales, del Ministerio de Hacienda.

- Entre 2011 y 2016, los planteles del Poder Judicial crecieron un 13,6% contra un 78% de los del Poder Legislativo. 

- En 2011, la Justicia tenía 1.460 agentes y alcanzó para septiembre del año pasado los 1.659. 199 más, unos 40 promedio por año. 

- En el mismo período, la Legislatura pasó de 1.397 a 2.514 empleados, esto es 1.117 pares de brazos adicionales: 223 por año.

- El Poder Judicial tenía 63 empleados más que la Legislatura en 2011; para 2016, la relación se invirtió y en el Palacio Legislativo cobran sueldo 855 personas más que en la Justicia.

- Hace un lustro había 24,5 empleados por legislador; ahora hay 44 por barba.

Los datos marcan una profunda distorsión en la política de asignación de recursos del Gobierno. 

El Poder Judicial presta el servicio de Justicia todo el año a una población en crecimiento permanente, con severos problemas sociales y de inseguridad, mientras que el Poder Legislativo legisla invariablemente con 41 diputados y 16 senadores y funciona solo siete de los 12 meses del año, por no hablar de lo menesteroso de su desempeño, los fondos anexos a la dieta disponibles para los legisladores y la legión de "ñoquis” en perpetua expansión que alberga.
 

Pocos días antes de que se diera a conocer el planteo de Cáceres, hubo una controversia por el veto parcial del Gobierno al presupuesto de la Cámara de Diputados, que recortaba la planta política del cuerpo. Tienen suerte los tribunos: el veto fue mal confeccionado y el Gobierno tuvo que salir a aclarar que en realidad lo que se pretendía era evitar nuevas designaciones.
Pero sigue resplandeciente la ausencia de la respuesta a una pregunta muy sencilla: ¿por qué crece tan exponencialmente la planta de la Legislatura? Los legisladores siguen siendo 57, y ya son demasiados; no se ha sumado más tiempo de trabajo –es un decir- ni nuevas funciones; ni las bicamerales que se crean para controlar al Gobierno y a las empresas estatales andan, como para justificar refuerzos tan onerosos de recursos humanos. 

Un verdadero misterio: la Legislatura precisa más gente que la Justicia y que cualquier estamento estatal. El Ejecutivo, que tiene que cubrir salud, educación, seguridad y servicios solo creció un 10% en el quinquenio del frenesí laboral parlamentario.
 

Aunque sus razones sean corporativas, tiene razón Contreras: el Poder Judicial hace rato que debería haber hecho un planteo como el que impulsa "Pepe” Cáceres.
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