jueves 28 de marzo de 2024
|| CARA Y CRUZ ||

El frente federal

Como hacía bastante no ocurría, la Justicia Federal provinciana apila...

Por Redacción El Ancasti
Como hacía bastante no ocurría, la Justicia Federal provinciana apila varias causas penales de significativa gravitación política. La expectativa en torno a sus respectivos desarrollos se reavivó con el reinicio de la actividad judicial, tras una segunda mitad de 2016 intensa en novedades. Ya hubo sentencia sobre la "narcodenuncia” que involucra a un Ariel Alanís al que oficialistas y opositores se esforzaron a lo largo de cinco años por identificar con el adversario. Coletazos de la polémica iniciada cuando se descubrió el cargamento de 100 kilos de marihuana, allá por 2012, con el por entonces ministro de Gobierno Francisco Gordillo en el epicentro, pueden disfrutarse en la edición de hoy, en el intercambio de gentilezas entre el senador nacional Oscar Castillo y el ministro de Gobierno Gustavo Saadi (ver páginas 2-3). 


Pero el frente de batalla federal está lejos de agotarse con la condena a Alanís; por el contrario, es una cantera de potenciales reventones escandalosos, ya no por entreveros vinculados al comercio de sustancias ilícitas, sino por la eventual malversación de recursos públicos. Sumó varios elementos, por caso, el expediente de los supuestos "retornos” abonados en Catamarca por obras públicas financiadas con fondos nacionales, conocida como "causa Dusso” por el rol que algunos de los testigos atribuyen al ministro de Obras Públicas de la Provincia, Rubén Dusso, en la recaudación y traslado del hipotético botín. Esta investigación incluye la "cartelización” en una megalicitación de viviendas oportunamente informada por El Ancasti.


Otra trama rica en matices institucionales y políticos que tiene en sus manos la Fiscalía Federal es la referida al tráfico ilegal de rodocrosita, disparada por una denuncia de la Dirección de Fabricaciones Militares, propietaria del yacimiento Minas Capillitas, en contra de la empresa Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN). Los manejos turbios con la "rosa del Inca” se arrastran desde la época de SOMICA DEM. La piedra semipreciosa cuenta con una extraña particularidad: el único que no parece estar en condiciones de obtener alguna utilidad por ella es el Estado provincial, tan bobo que únicamente corre con gastos. A CAMYEN se la acusa por vender rodocrosita en negro, artimaña de la cual se valdría, como mínimo, para reducir el canon que debe abonarle a Fabricaciones Militares. Numerosos cargamentos flojos de papeles detectados abonan la imputación. La causa que se seguía en la Justicia provincial pasó a la Federal, que ahora tiene todo el paquete. 




A las causas "Dusso” y "Rodocrosita” se acopla la del vino, en la que se intenta desentrañar el destino de unos $20 millones que el Gobierno nacional puso para operativos vitícolas como el afamado "Plan Mosto”. El bodeguero Juan Longo, impulsor del trámite judicial, amplió la denuncia días pasados con el dato de que un millón y medio de litros de vino elaborados con financiamiento estatal se habrían echado a perder.




Mientras la Justicia Federal tiene estas tres puntas para tirar, en la Justicia provincial estaría cerca de ser derivada al archivo la causa por supuesto enriquecimiento ilícito en contra del ministro de Desarrollo Social Daniel Barros, derivada desde la Oficina Anticorrupción de la Nación. En la Fiscalía de Delitos Especiales espulgaron pero no pudieron encontrar elementos para sustentar las imputaciones, y como quien detonó la investigación contra el funcionario tampoco aportó nada que permita avanzar, pese a que se lo requirieron, todo quedaría en la nada.
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