jueves 28 de marzo de 2024
Editorial

Gorras

Por Redacción El Ancasti

Para los organizadores de las Marchas de las Gorras, hay gorras y gorras. Unas son las que usan los chicos y adolescentes y que son consideradas por algunos integrantes de las fuerzas de seguridad casi como una prueba del delito, al punto que quienes las usan, sobre todo si por su aspecto son identificados como pertenecientes a sectores vulnerables, a menudo terminan en el calabozo de una comisaría o víctimas de apremios ilegales.


Las otras son las que usan, precisamente, los efectivos policiales, que suelen asumir el rol de victimarios en estas historias de vejaciones.

Represión policial e institucional: un muerto por día de Gobierno


Las Marchas de las Gorras surgieron en Córdoba en el año 2007, más precisamente el 20 de noviembre de ese año, en consonancia con el aniversario de la Convención Internacional de Derechos del Niño, aprobada en 1989. Los adolescentes que organizaron aquella manifestación tenían bien en claro cuáles eran las reivindicaciones: el respeto de los derechos de este sector etario y contra los abusos policiales.


Las Marchas de las Gorras fueron creciendo en número de participantes y también extendiéndose territorialmente. Este año se realizó la primera marcha en Catamarca y en Buenos Aires, pero además hubo movilizaciones en Mar del Plata, Tandil, Río Cuarto, Villa María, Mina Clavero y La Plata, entre otras ciudades.


La consigna utilizada este año revela explícitamente lo medular del problema: “Cuando la gorra crece nuestros derechos desaparecen”. Si las torturas de jóvenes y adolescentes en manos del personal policial, de Gendarmería o de Prefectura son una constante, también lo son los casos de gatillo fácil: cada 25 horas un chico muere baleado por fuerzas de seguridad. 


En Catamarca la primera Marcha de la Gorra concentró a cientos de personas que exigieron que la policía de la provincia deje de arrestar ciudadanos “por averiguación de identidad y medios de vida”, eufemismo para ocultar privaciones ilegítimas de la libertad de personas que han cometido el “delito” de no portar documentos de identidad al circular por la vía pública.


Para evitar estas arbitrariedades, los protagonistas de la movilización demandaron la derogación inmediata y definitiva del decreto ley provincial 4663/91, que faculta a la policía a estos arrestos y que para muchos juristas y magistrados, como por ejemplo el juez de Menores Rodrigo Morabito, es abiertamente anticonstitucional. 


Además, pidieron justicia por las personas que sufrieron torturas y represión por parte de efectivos policiales. Citaron los casos de Diego Iván Pachao, Ariel Fuenzalida, Miguel Ángel Cardozo, Diego Castaño, Franco Nieva, Nelson Fernández, Nelson Molas y Franco Sosa.


El uso legítimo de la fuerza que el Estado les confiere a los integrantes de la policía para la protección de los ciudadanos es usado en ocasiones de manera brutal y homicida. La cifra de un chico muerto en la Argentina bajo las balas de uniformados es tan elocuente que exime de otros comentarios.


Las Marchas de las Gorras han llegado para quedarse y alertar sobre estos abusos cotidianos.
 

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