jueves 28 de marzo de 2024
|| EL MIRADOR POLITICO ||

El empleo, en crisis perpetua

Los últimos indicadores de empleo difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) expusieron...

Por Redacción El Ancasti
Los últimos indicadores de empleo difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) expusieron la pérdida de casi 130 mil puestos de trabajo formales en el país hasta el tercer trimestre de 2016. El fenómeno afectó con particular saña a Catamarca, cuya caída fue del 6,7%, quinta en el ranking nacional, superada solo por Santa Cruz (-9,4%), San Luis (-9,1%), Tierra del Fuego (-8%) y Formosa (-7%). 

El Gobierno provincial, a través del ministro de Producción, Raúl Chico, atribuyó el índice a la paralización de la obra pública que se produjo como consecuencia de las mermas experimentadas en los giros nacionales para financiarla. No es desacertado, pues según el mismo INDEC la construcción fue uno de los sectores más afectados por la retracción, con una baja del 12,4%. Sin embargo, la lectura es parcial, demasiado ceñida a la coyuntura. Un ángulo más amplio permitiría incorporar al análisis la impotencia de la administración provincial para articular condiciones propicias a la generación de empleo privado, déficit que se torna más evidente en la gestión en curso desde que se planteó como objetivo explícito al asumir promover el trabajo por fuera de la estructura del Estado.

Para ser justos, debe considerarse que el Gobierno actual asumió bajo restricciones presupuestarias que no tuvo su antecesor, beneficiado entre 2004 y 2010 con ingresos extraordinarios por coparticipación federal, fondos nacionales de asignación específica, cuotas de las exportaciones de soja y rentas mineras. La historia es conocida: ese flujo de recursos se dilapidó en obras faraónicas prescindibles, corruptelas y designaciones desenfrenadas que llevaron la elefantiasis de la administración pública a niveles patológicos.
Entre 2004 y diciembre de 2011, la planta de los tres poderes del Estado se incrementó en un 58,5%. El salto más pronunciado se dio en el período 2004/07, auge de la renta minera, con un 31,9%. El paulatino descenso de los recursos provenientes de la minería a partir de 2008 aplacó el frenesí de la lapicera y, entre ese año y 2011, el plantel de empleados públicos creció solo un 20,2%, aunque con un cambio en su composición que también marca el flaqueo de las arcas: el personal temporario y contratado, por el que el Estado no paga contribuciones sociales, pasó del 14,7% en diciembre de 2007 a casi el 22% en diciembre de 2011. En promedio, el empleo público se incrementó a un ritmo del 7,3% anual.

En los municipios, que en 2004 comenzaron a embuchar regalías mineras, la crecida fue más brutal: 102,6% hasta 2011. Los temporarios y contratados, en tanto, pasaron del 12,2 al 40,3% entre 2004 y 2011; esto es: aumentó un 230%.

Entre Provincia y municipios, las designaciones crecieron en el período un 68,8%.
En contrapartida, la población catamarqueña creció entre 2003 y 2010 menos de un 10%.

Inercia
Las responsabilidades de las gestiones radicales por dejar pasar la oportunidad más nítida que tuvo Catamarca para al menos sentar las bases de una reformulación de su esquema económico son indiscutibles, pero el Gobierno actual ha sido incapaz de revertir la inercia heredada. Se informa en la edición de hoy sobre el incremento de la planta de empleados públicos entre 2012 y diciembre de 2016: 13%, 3,25% anual. Las cifras son muy inferiores a las alcanzadas por los radicales, pero también fueron muy inferiores los márgenes económicos para nombrar más.
La política de cooperativas y sociedades del Estado implementadas con la consigna de descomprimir la presión laboral sobre el sector público han fracasado en toda la línea. Las cooperativas trabajan para el Estado y la mayoría son en realidad máscara de trabajo en negro y con salarios de hambre, que es lo mismo que decir asistencialismo elemental. Ninguna de las sociedades del Estado, que en teoría debían autosustentarse, arroja utilidades. El caso emblemático es CAMYEN, que a cuatro años de su creación demanda sistemáticos aportes del tesoro provincial para cubrir gastos corrientes a pesar de tener el monopolio de la explotación y comercialización de rodocrosita, situación a la que suman las sospechas por corrupción que investiga la Justicia Federal.

Catamarca continúa, mientras tanto, empecinada, a la cabeza de los indicadores de incidencia del empleo público. Y el empleo público, ya de modo inocultable, camufla el desempleo.

Triste saldo
Puede ser muy cierto que el empleo registrado se desplomó más en Catamarca que en otros distritos debido al cese de la inversión nacional en obras públicas, pero no menos cierto es que hace décadas que no se genera trabajo por fuera de la estructura estatal en la provincia. No solo eso: las actividades productivas que podrían haber contribuido a ello fueron diezmadas en el marco del derrumbe de las economías regionales, abandonadas a su suerte por el Estado.
Las buenas intenciones no alcanzan. Del Presupuesto 2017 surgen las decisiones políticas: los recursos asignados a la Legislatura superan en más de 155 millones de pesos a los del Ministerio de Producción.  

Esta diferencia puede ser mucha o poca, pero expone una concepción administrativa. El funcionamiento del Poder Legislativo no incluye la prestación de servicios que demanden incrementos sistemáticos de sus recursos, como ocurre con las empresas de energía y agua, la salud pública, la educación, la justicia o la seguridad. Sus integrantes son siempre 57 y el aumento de su presupuesto, en términos reales y más allá de la incidencia de la inflación, obedece pura y exclusivamente al financiamiento de ingresos adicionales a las dietas y la ampliación de los márgenes para el clientelismo y las designaciones. 

Producción, en cambio, tiene la función específica y obvia de promover la actividad productiva, cuyo desarrollo es condición necesaria para la creación de empleo genuino, que por su crisis precisa inversión y respaldo del sector público.

El tuétano del problema no es la eventual baja de la inversión en obra pública, sino la cultura política provinciana, incapaz de plantearse metas más imaginativas que las designaciones a mansalva y el asistencialismo crónico.
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