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Jue 25 de Mayo 2017 | 05:57 hs

San Fernando del Valle de Catamarca
EDITORIAL

Obligación legal y moral

Los esfuerzos que desde hace varios años viene realizando la organización no gubernamental APyFaDiM (Asociación Padres y Familiares del Discapacitado Motriz) para hacer cumplir las normas que benefician a las personas con discapacidad chocan sistemáticamente con la dura realidad.

A la par que debe destacarse el funcionamiento de la organización y los logros alcanzados gracias a su accionar, es preciso mencionar también que la falta de acompañamiento de otros actores estatales y privados juegan en contra de tales esfuerzos.

Un dato publicado ayer en la edición de El Ancasti resume lo dicho: el año pasado hubo una sola inclusión laboral de personas con discapacidad, pese a que existen decenas de ellas que tienen la capacitación para desempeñarse en puestos de trabajo, tanto de la administración pública como de las empresas privadas.

Griselda Bazán, presidenta de la ONG tiene, con razón, una mirada muy crítica de lo que sucede: "Tenemos muchos jóvenes que fueron a la Universidad a Institutos de Formación, chicos idóneos que cantan, bailan, toman cursos y buscan empleo y en todo el año solo una joven ingresó de manera formal a trabajar, y esto es lamentable porque refleja el escaso porcentaje de las personas que cumplen con el cupo mínimo de incluir personas con discapacidad,” expresó.
 
Bazán cree que existe un problema cultural de aquellos que consideran que quienes padecen capacidades diferentes o problemas en su motricidad no tienen derecho a tener un empleo como todo ciudadano. 

Hay en esta omisión una violación de la ley que regula la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Concretamente la ley nacional 22431 establece que "el Estado nacional -entendiéndose por tal los tres poderes que lo constituyen-, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos, están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas”.

Y hay otras normas que promueven incentivos a las empresas privadas, como la exención de contribuciones e impuestos del empleador que contrate a personas con discapacidad; el Régimen Federal del Empleo Protegido para Personas con Discapacidad, o el Programa de Inserción Laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Al parecer, la buena noticia para este año viene del lado del Poder Judicial, que ha manifestado su decisión de incorporar a personas con discapacidad. Pero el resto de las reparticiones estatales y la gran mayoría de las empresas privadas parecen no tener en sus planes este tipo de inclusión laboral.

En un país en el que la Vicepresidenta de la Nación y un ministro del Poder Ejecutivo tienen discapacidad motriz, abrir las puertas a este sector de la población que, pese a tener idoneidad para ocupar puestos clave, es relegado en sus chances, constituye una obligación moral, además de legal.

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