jueves 28 de marzo de 2024
EDITORIAL

Fiesta para pocos

Por Redacción El Ancasti

Los expertos en el manejo de la economía doméstica suelen aconsejar que si las familias están dispuestas a obtener créditos, éstos deben orientarse siempre al equipamiento del hogar, a la compra de vehículos, o a la adquisición de una vivienda, su edificación o ampliación.

Es decir, a la obtención de equipos o la infraestructura necesaria para garantizar el confort del grupo familiar, pero de ninguna manera para financiar gastos un tanto más superfluos, como por ejemplo la realización de fiestas o viajes. Este último tipo de erogaciones deben efectuarse, preferentemente, con recursos provenientes del ahorro.

Actuar según estas previsiones, señalan, contribuye a otorgarle sustentabilidad al manejo de la economía doméstica.

Una reflexión de este tenor podría aplicarse perfectamente al problema del endeudamiento de las provincias. El tema de los criterios que deben adoptar los gobiernos al momento de definir la política de obtención de recursos monetarios provenientes de créditos internacionales acaba de reactualizarse.

Es que el Gobierno nacional, ante la falta de fondos que afecta a las arcas federales y la previsible falta de acuerdo para la reformulación del régimen de coparticipación, está alentando a los gobernadores a tomar deuda externa como una medida paliativa.

La historia del endeudamiento externo en la Argentina pone en evidencia los riesgos que conllevan este tipo de políticas. El crecimiento exponencial de la deuda externa a partir de la década del 70 condicionó la economía hasta terminar asfixiándola, en un círculo vicioso en el que, al final, los créditos se tomaban no para financiar el desarrollo productivo, sino apenas para pagar los intereses de la deuda más vieja.

Luego de un proceso exitoso de desendeudamiento operado entre 2004 y 2010, en el que sin embargo quedaron sin resolver los litigios con una porción de los denominados fondos buitre, la Argentina puede exhibir hoy un nivel endeudamiento bajo en comparación con otros países.

Pero, al mismo tiempo, el creciente déficit fiscal empuja al retorno a los mercados del crédito internacional.

El interrogante es si las jurisdicciones provinciales tomarán nueva deuda mayoritariamente para financiar ese déficit o para generar las condiciones -en infraestructura y equipamiento- necesarias para el desarrollo productivo.

Si la opción es orientar los créditos a tapar el rojo financiero, el mentado círculo vicioso se volverá inevitable, salvo que las condiciones económicas del país mejoren ostensiblemente en el corto plazo, lo cual no parece estar en las proyecciones de nadie, ni siquiera de los analistas más optimistas.

De modo que, con el pasado reciente aún fresco en nuestra memoria -no solo por la negativa experiencia de los procesos de endeudamiento de las últimas décadas del siglo pasado, sino también por el despilfarro de otros recursos, como los derivados de la actividad minera- es deseable que si el Gobierno provincial decide salir a obtener préstamos, lo haga a tasas accesibles y con criterios orientados a financiar obras y proyectos para el desarrollo provincial.

Como en el ejemplo de la administración de la economía doméstica, el dinero que ingrese debe servir para tornar sustentable nuestra economía, no para pagar fiestas que, para colmo, habitualmente disfrutan solo unos cuantos.

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