Los expertos en el manejo de la economía doméstica suelen
aconsejar que si las familias están dispuestas a obtener créditos, éstos deben
orientarse siempre al equipamiento del hogar, a la compra de vehículos, o a la
adquisición de una vivienda, su edificación o ampliación.
Es decir, a la obtención de equipos o la infraestructura
necesaria para garantizar el confort del grupo familiar, pero de ninguna manera
para financiar gastos un tanto más superfluos, como por ejemplo la realización
de fiestas o viajes. Este último tipo de erogaciones deben efectuarse,
preferentemente, con recursos provenientes del ahorro.
Actuar según estas previsiones, señalan, contribuye a
otorgarle sustentabilidad al manejo de la economía doméstica.
Una reflexión de este tenor podría aplicarse perfectamente
al problema del endeudamiento de las provincias. El tema de los criterios que
deben adoptar los gobiernos al momento de definir la política de obtención de
recursos monetarios provenientes de créditos internacionales acaba de
reactualizarse.
Es que el Gobierno nacional, ante la falta de fondos que
afecta a las arcas federales y la previsible falta de acuerdo para la
reformulación del régimen de coparticipación, está alentando a los gobernadores
a tomar deuda externa como una medida paliativa.
La historia del endeudamiento externo en la Argentina pone
en evidencia los riesgos que conllevan este tipo de políticas. El crecimiento
exponencial de la deuda externa a partir de la década del 70 condicionó la
economía hasta terminar asfixiándola, en un círculo vicioso en el que, al
final, los créditos se tomaban no para financiar el desarrollo productivo, sino
apenas para pagar los intereses de la deuda más vieja.
Luego de un proceso exitoso de desendeudamiento operado
entre 2004 y 2010, en el que sin embargo quedaron sin resolver los litigios con
una porción de los denominados fondos buitre, la Argentina puede exhibir hoy un
nivel endeudamiento bajo en comparación con otros países.
Pero, al mismo tiempo, el creciente déficit fiscal empuja al
retorno a los mercados del crédito internacional.
El interrogante es si las jurisdicciones provinciales
tomarán nueva deuda mayoritariamente para financiar ese déficit o para generar
las condiciones -en infraestructura y equipamiento- necesarias para el
desarrollo productivo.
Si la opción es orientar los créditos a tapar el rojo
financiero, el mentado círculo vicioso se volverá inevitable, salvo que las
condiciones económicas del país mejoren ostensiblemente en el corto plazo, lo
cual no parece estar en las proyecciones de nadie, ni siquiera de los analistas
más optimistas.
De modo que, con el pasado reciente aún fresco en nuestra
memoria -no solo por la negativa experiencia de los procesos de endeudamiento
de las últimas décadas del siglo pasado, sino también por el despilfarro de
otros recursos, como los derivados de la actividad minera- es deseable que si
el Gobierno provincial decide salir a obtener préstamos, lo haga a tasas
accesibles y con criterios orientados a financiar obras y proyectos para el
desarrollo provincial.
Como en el ejemplo de la administración de la economía
doméstica, el dinero que ingrese debe servir para tornar sustentable nuestra
economía, no para pagar fiestas que, para colmo, habitualmente disfrutan solo
unos cuantos.