jueves 28 de marzo de 2024
CARA Y CRUZ

Incierto destino

La causa penal por el supuesto fraude perpetrado con los aerogeneradores que se instalaron en la cima del Ancasti ...

Por Redacción El Ancasti
La causa penal por el supuesto fraude perpetrado con los aerogeneradores que se instalaron en la cima del Ancasti ha tomado por una senda de incierto derrotero. La ansiedad por tratar de esmerilar a la gestión anterior llevó a los actuales inquilinos de Casa de Gobierno a postular los aerogeneradores como el monumento a la corrupción del radicalismo, concepto que se edificó sobre el supuesto de que los aparatos, adquiridos con fondos públicos, jamás entraron en funcionamiento. Numerosos elementos desmienten en el expediente judicial este aserto. Hoy en el conjunto de pruebas testimonios de los ingenieros que intervinieron en la obra, informes sobre la energía producida elevados a los organismos nacionales pertinentes, registros informáticos de los propios aparatos y filmaciones tanto de los "ventiladores" en marcha como de los dispositivos que indicaban el nivel de energía que iban generando conforme al viento. La última inspección ocular ordenada por el fiscal de la causa constató que los artefactos estaban conectados a la red eléctrica. Todo indica que los aerogeneradores se instalaron y funcionaron; no hay nada que habilite suponer lo contrario, salvo las enfáticas aseveraciones de voceros del oficialismo. 


Lo que parece haber ocurrido de acuerdo con las pruebas reunidas hasta ahora es menos espectacular que la hipótesis propuesta por Fiscalía de Estado. Los generadores se instalaron y se pusieron en funcionamiento, pero luego la administración del FCS los abandonó por razones desconocidas. Lo reprochable, y eventualmente fraudulento, es este abandono de una infraestructura que costó millones de pesos, pero esto de ningún modo implica que los aerogeneradores no funcionaran. Fiscalía de Estado anticipó que pedirá nuevas pericias técnicas y varió sensiblemente su posición inicial al consignar, tras la inspección ocular, que aún cuando los controvertidos aerogeneradores funcionaran no puede probarse que produjeran energía suficiente para "calentar una plancha". El caso es que no puede probarse porque el FCS abandonó el proyecto, primero, y el actual Gobierno tomó la decisión política de ni siquiera intentar reactivarlo, después, para mejor proceder, estruendosa denuncia penal mediante, a la construcción del "monumento a la corrupción del FCS". De tal manera, los aerogeneradores están ahora efectivamente parados, con el deterioro encima de los años de abandono que esta gestión añadió a la anterior. Es notorio que desde el Gobierno no se desmintiera en forma taxativa que los aerogeneradores funcionaran, como surge de la investigación judicial. Parece que las certezas ya no son tan sólidas como cuando se interpuso la acusación. Con tan sugestiva como repentina prudencia, se optó por anunciar el planteo de nuevos peritajes, con los que se ganará tiempo y se alargará la instrucción aunque es lo más probable que no se modifique lo que ya está confirmado: los aerogeneradores anduvieron. Por ahí al oficialismo le resulte más productivo ajustar la denuncia y centrarla en lo que también está probado sin lugar a dudas: la marcha de los generadores se paró por una decisión política del gobierno anterior, que desistió de mantenerlos y, de tal modo, abandonó el patrimonio público.



La cuestión es que ahora se teme que la promocionada investigación sobre los aerogeneradores termine en un papelón mayúsculo. Todo por pasarse de rosca en lugar de atenerse a lo concreto. El funcionariato radical responsable de haber erogado millones para después dejar el proyecto eólico librado a su suerte, está de lo más agradecido por la posibilidad que se les brinda para disfrazar sus ineptitudes. El eventual oprobio, sin embargo, no es lo más grave. El Estado provincial ha quedado expuesto a las demandas judiciales que podrían plantear los involucrados en la audaz denuncia, una de las pocas, si no la única, que queda en pie desde que se bajara la orden de renunciar -vaya a saberse por qué- a otras como la del acueducto Pirquitas-Capital o el Estadio Bicentenario. 
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