viernes 29 de marzo de 2024
|| CARA Y CRUZ ||

Peligra la paz en el Oeste

Por Redacción El Ancasti

Las posiciones han llegado a un punto extremo, de imposible retorno. Para Belén, la mina Bajo El Durazno se encuentra en su jurisdicción y, por lo tanto, las regalías futuras del proyecto le corresponden en su totalidad. Suman el hecho de que el juez de Minas, Raúl Cerda, ha declarado que el yacimiento, de acuerdo con información de la Dirección de Catastro de la Provincia, está situado por completo en la cuna del Poncho. "Desde que se está explotando Bajo La Alumbrera hasta la actualidad, los belichos estuvimos regalando la mitad de nuestras regalías. Ya demasiados generosos hemos sido los belichos con Andalgalá", expresó el senador de ese departamento, Ricardo Castellanos, tras la convocatoria de intendentes y legisladores en la que consensuaron una postura común sobre el asunto. Por el lado de Andalgalá, la postura es igual de firme. Allí, los intendentes Alejandro Páez y Juan Carlos Espinoza (Aconquija), junto a las Fuerzas Vivas del departamento insistieron en que Bajo El Durazno les pertenece y que no están dispuestos a aceptar un "fallo salomónico” para dividir en partes iguales las regalías mineras con Belén, como ocurrió con el primer gran emprendimiento minero. Así las cosas, lo que en verdad está en juego entre estos dos pueblos del Oeste provincial no es la renta minera, sino algo infinitamente más valioso: la paz social. 

 

El juez Cerda explicó que en realidad el área minera se encuentra en una "zona de indefinición” limítrofe, y que su informe sobre la ubicación de los yacimientos se basó en datos de Catastro que, a su vez, están desactualizados. En consecuencia, lo que a su criterio corresponde es que la Legislatura provincial sancione una ley de límites, tal como lo prevé la Constitución. Incluso los mismos andalgalenses señalaron que su pretensión es que el Poder Ejecutivo provincial envíe a las cámaras un proyecto de ley en ese sentido, y que los senadores y diputados le den un tratamiento preferencial. Seguramente, la ley de límites no zanjará el conflicto entre andalgalenses y belichos; peor aún, tal vez podría profundizarlo en caso de que la línea divisoria deje al yacimiento minero de un lado y no del otro. Con todo, esa ley es sumamente necesaria para el presente y el futuro. Lo que el Estado provincial debe garantizar es que los pueblos hermanos no estén enfrentados por los fondos mineros o por cualquier otra razón; y para ello tal vez tenga que replantear la ley de distribución de las regalías, hablar de "regiones mineras” en lugar de "departamentos mineros”, u otra salida que evite el conflicto permanente por la riqueza de unos y otros. Asegurar la pacificación es el gran imperativo del Gobierno. 

 

En este contexto reaparecen los interrogantes de siempre. ¿Por qué motivo en casi dos décadas de gran minería en Catamarca no hubo iniciativas concretas para establecer por ley los límites entre Andalgalá y Belén? Si bien es cierto que los celos entre ambos pueblos nunca desaparecieron del todo, esos años, en su mayoría, fueron magnánimos en riqueza minera y reparto de utilidades entre los municipios de ambos departamentos. Hubo tantos recursos para un lado y otro que los intendentes ni tiempo tenían de pelearse entre sí. Y si no que lo digan los ex intendentes José Perea, de Andalgalá, y Daniel Ríos, de Belén, que ni se acordaron de los límites difusos entre ambas jurisdicciones de tan ocupados que estaban en gastar a más no poder. El de la Perla del Oeste embolsó durante sus mandatos una verdadera fortuna de la minería, que bien administrada podría haber transformado el aparato productivo del departamento y generar las condiciones para un desarrollo económico histórico. Pero prefirió invertir en su propio exhibicionismo, con pomposos montajes en hoteles 5 estrellas en Buenos Aires y otras vanidades. Por su lado, el radical Ríos no tuvo mejor idea que usar las regalías para financiar un plan de becas para desocupados, a contramano de los fines establecidos en la ley de distribución. Una medida genuinamente clientelista que justificó con el argumento de que, en su carácter de intendente, él podía hacer lo que le venga en ganas con la plata de la minería. Por aquel despilfarro de los recursos de la mejor minería, hoy sus sucesores se pelean por las migajas de lo que queda.

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