jueves 28 de marzo de 2024
EL MIRADOR POLÍTICO

El acecho al Presupuesto

Por Redacción El Ancasti

Sombrías percepciones sobre la evolución de la economía detonaron la pelea por la participación en el Presupuesto provincial con medio año de anticipación.

La escasa adhesión en Catamarca al paro convocado el jueves por los sindicatos opositores a la Casa Rosada es indicio, paradójicamente, de la escalada en la disputa local. La elevación del piso para la aplicación del impuesto a las Ganancias y los componentes políticos de la medida de fuerza dispuesta por los sindicatos nacionales son cuestiones secundarias para los actores provinciales. Acá la prioridad, ahora, es posicionarse lo mejor posible frente al Gobierno que debe definir la repartija de los recursos públicos, en un contexto en el que más de una repartición del Estado, apenas pasada la mitad del año, agotó o está a punto de agotar las partidas que se le asignaron, mientras otras, como la OSEP y el Instituto Provincial de la Vivienda, tuvieron que ser fondeadas con anticipos de la renta minera. El Gobierno se ve obligado a reformular su programa de gastos, complicado en el frente interno por las reyertas cada vez más evidentes con sus socios.

El año pasado, fue la revuelta que logró la reestructuración de los salarios de la Policía en diciembre lo que aceleró la presión del resto de la administración pública para obtener mejoras similares. El Gobierno pudo evitar el desborde con la creación de una mesa del salario en la que metió a todos los sectores, desde la que piloteó el proceso de paritarias hasta que estuvo en condiciones de generalizar el aumento.

La situación es ahora distinta no solo porque los reclamos se acumulan cuatro meses antes. Más significativa es la visibilidad simultánea que adquieren corporaciones ajenas al universo de los empleados públicos, pero dependientes como ellos de los desembolsos periódicos del erario para subsistir. El poco auspicioso escenario nacional completa un cuadro donde las apelaciones a la mesura y la austeridad del ministro de Economía, Ricardo Aredes, producen el efecto inverso al buscado y alientan la decisión de los competidores de primerear en las exigencias para no convertirse en variable de un ajuste que todos consideran inevitable.

En el acecho al Tesoro provincial convergen los empleados públicos y lo que en términos generales podría denominarse contratistas del Estado.

Para varios enclaves de la administración pública, las paritarias cuyos resultados comenzaron a ejecutarse en mayo, hace apenas cuatro meses, han quedado desactualizadas por la inflación. Lo plantearon los docentes y los trabajadores de la salud pública, que recibieron rotundas negativas oficiales a cualquier revisión de lo acordado. Los municipales capitalinos, que fueron los primeros del país en beneficiarse con un aumento que llevó sus sueldos promedio a más de $7.000, desconocieron lo pautado en diciembre del año pasado y fueron al paro por otro incremento. El conflicto está en conciliación obligatoria y la primera audiencia entre las partes será mañana. El proceso municipal es seguido con atención desde Casa de Gobierno, porque su desenlace incidirá sobre el resto de las comunas de la provincia, en las que podrían desencadenarse reclamos que los intendentes intentarán satisfacer con el mecanismo habitual de requerir el auxilio de la Provincia. Obnubilados por la interna, algunos ultraoficialistas disfrutan con los eventuales problemas que pueda tener el intendente Raúl Jalil. Otros, menos viscerales, están preocupados por la proyección que podría tener la controversia comunal.

Estos primeros escarceos de los agentes de la administración pueden considerarse todavía embrionarios, pero inquietan a los participantes de la renta pública que no son asalariados. Hacen un análisis lineal: los ingresos públicos, dadas las dificultades económicas y financieras de la Nación, el achique de la renta minera y la carcoma inflacionaria, mermarán; el año que viene habrá elecciones y el Gobierno priorizará con criterio proselitista a los empleados públicos y los beneficiarios de la asistencia social en sus diversas vertientes en la estructura de gastos: los votos antes que nada; ergo: los contratos con el Estado se pagarán y renovarán de acuerdo con lo que quede de la torta menguante, si es que algo queda.

Maniobras

Bajo esta lógica han de interpretarse movimientos como los del Círculo Médico, que solicita el reajuste del precio de las prestaciones que le abona la diezmada OSEP, a cuyo colapso contribuyeron con acciones y omisiones. Lo hacen antes de que el Gobierno comience a elaborar el Presupuesto 2015 porque en él se establecerán las partidas para la obra social, partidas que, saldados los salarios, la corporación médica y sus aparceros degluten completa al margen de los servicios efectivamente prestados. Advierten: en el cálculo de gastos y recursos del año electoral próximo, año de comicios, no vaya a creerse el Gobierno que la medicina ha de conformarse con menos de lo que demanden los agentes de la administración pública, los becados y los destinatarios de la acción social que son el grueso de la clientela electoral. Nada de eso: si hay que ajustar, que se ajuste por otro lado. Y si no, se cobra plus y a otra cosa mariposa, por mucho que afecte eso la contabilidad eleccionaria.

La corporación constructora, por su parte, planteó a través de su titular nacional la necesidad de establecer mecanismos para garantizar el pago de los costos adicionales al precio original que surgen en toda obra pública, sean viviendas, rutas, puentes, escuelas, mejoramientos habitacionales o etcéteras diversos. Con la seca, los empresarios de la construcción arribaron a una coyuntura para ellos crítica: los mayores costos no los paga la Nación que financia las obras, sino la Provincia, y la Provincia no puede pagarlos, al menos al ritmo que ellos pretenden. Es necesario contemplar esta tragedia sectorial, puesto que en las obras, "cartelizaciones” mediante, se entra aún a pérdida con la certeza de que los mayores costos proporcionarán las utilidades más jugosas. Basta repasar los boletines oficiales para advertir las millonadas que se erogan por redeterminaciones de precios. También tienen los constructores instrumentos de presión significativos: si no hay plata, las obras se paralizan, se generan más costos adicionales que algún día se cobrarán y, de paso, se le obstaculiza al Gobierno la satisfacción de cortar cintas y entregar casas a rolete, lo que en un año de elecciones puede llevar el síndrome de abstinencia al paroxismo.

Los industriales en crisis pechan por lo suyo para no seguir despidiendo y suspendiendo personal que irá a golpear la puerta de la Casa de Gobierno.

Y no vaya a suponerse que con lo expuesto se acaba la milonga: hay que sostener las SAPEM y sociedades del Estado deficitarias también, y contener la jauría de los proveedores.

Delicias de la matriz estadocéntrica. 

Autoridad política

En síntesis: el modelo vigente en Catamarca, donde el Estado es exclusivo proveedor de los recursos que alimentan la economía y en el que una renta del sector público en forma de sueldo, subsidio o contrato no se le niega a nadie, está en crisis y en la cornisa del colapso, previsible final de un diseño de gestión pública que dilapidó años de bonanza en edificar una burocracia elefantiásica en lugar de establecer condiciones para el crecimiento del sector privado. Hacerse cargo de esto demandará costos políticos más altos mientras más se demore el abordaje.

Pero la crisis del modelo catamarqueño es un problema estructural. La coyuntura demanda una instancia de negociación con todos los que se nutren de la caja del Estado, en la que se plantee la necesidad de acordar parámetros razonables que ordenen la disputa y eviten un desmadre.

Un condicionante no menor para el Gobierno en este aspecto es la pérdida de autoridad política para solicitar austeridad. El ministro Aredes puede hacer muchos esfuerzos argumentativos al respecto, pero los destinatarios de su sensato mensaje podrían replicarle con la escasa moderación en las erogaciones de una casta política provincial cebada, sin distinción de partidos, en el nepotismo, el compadrazgo, la aparcería y el viatiquismo exacerbados e impúdicos, todo financiado por un erario exhausto.

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