viernes 29 de marzo de 2024
|| CARA Y CRUZ ||

Usurpaciones sistematizadas

Como si los inconvenientes que tiene el sector agropecuario local para desarrollarse en plenitud fueran pocos, ha venido...

Por Redacción El Ancasti
Como si los inconvenientes que tiene el sector agropecuario local para desarrollarse en plenitud fueran pocos, ha venido a sumarse la organización de usurpaciones de campos. Es preciso consignar, para evitar malas interpretaciones y reacciones pseudoprogresistas, que no se trata de familias a la que se pretende desalojar de tierras en las que vivieron durante generaciones, ni de indefensas víctimas de insensibles corporaciones, sino de maniobras sistematizadas por bandas delictivas que no responden a más principio ideológico que el lucro a través de la extorsión. Es decir, no se está frente a un problema de índole social, sino frente a unas incursiones gangsteriles. El "modus operandi" es sencillo: unos sujetos entran al campo seleccionado y se instalan. Cuando los propietarios van a reclamar, se niegan a retirarse; en algunos casos esgrimen precarias certificaciones carentes de toda validez frente a títulos de propiedad sólidos e incontrastables. La Policía no actúa sin orden de la Justicia, terreno al que los usurpadores y sus mandantes quieren acceder para dar largas al asunto y sacar en última instancia provecho pecuniario. Si la Justicia no actúa, la Policía tampoco. El método ha sumado ahora una nueva alternativa: los usurpadores aducen que los campos les fueron alquilados por misteriosos gestores y exhiben unos papeles sin valor. Tal recurso significa mayores dilaciones en los de por sí morosos procedimientos judiciales.


Estas usurpaciones han proliferado en los últimos meses. Los indicios son ya suficientes para que alguien, sea en el Poder Judicial, sea en los organismos pertinentes del Poder Ejecutivo, asuma medidas concretas para terminar con las actividades de lo que no son más que delincuentes comunes. Concretamente: hay que hacer grandes esfuerzos para no inferir que existen asociaciones ilícitas que, aprovechando las lagunas del sistema judicial, que conocen a la perfección, operan hasta el momento con total impunidad. Esto surge de la simple sucesión de acontecimientos similares, que cualquiera puede advertir menos, al parecer, quienes deberían ser los primeros interesados en garantizar condiciones de trabajo para el campo. Se ha llegado al absurdo de que la inspección de campos y emprendimientos por parte de funcionarios del Estado debiera realizarse en forma clandestina, saltando alambrados, para no incordiar a los usurpadores y evitar conflictos que pudieran degenerar en violencia.


De tal modo, los productores no solo tienen que preocuparse por sostener sus actividades en condiciones económicas desfavorables. También deben cuidarse de pandillas de malandras y leguleyos dedicados a la usurpación serial. Así es imposible trabajar, ilusorio  que el sector agropecuario se desarrolle y, finalmente, hipócrita sostener que se apoya la producción. Hasta ahora, la conducta de la Justicia y del Gobierno ha sido prescindente. Nadie se detiene a pensar en las consecuencias que esta indiferencia podría tener. ¿Qué le queda por hacer a los blancos de los usurpadores si ni la Justicia, ni la fuerzas de seguridad ni el Gobierno proporcionan respuestas? No faltará quien, poco dispuesto a entregar el fruto de su esfuerzo y sus inversiones a los bandidos, decida resolver el problema por su propia cuenta, con todo lo que esto significa. ¿Pretenden los responsables de velar por la seguridad que los usurpados, propietarios legítimos y probados de los campos, acometan con topadoras y bandas de matones contra los usurpadores, como si vivieran en el far west? Lamentablemente, no puede descartarse que la abulia demostrada frente al fenómeno incluya algún grado de complicidad. Ya los elementos que prueban una sistematización de las usurpaciones son demasiados como para aventar las sospechas de que los usurpadores maniobran sin un paraguas protector para sus ilícitos.
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