Por muy "avanzado" que algún catamarqueño pudiese creerse, no podría evitar conmoverse ante la cantidad de casos de abuso sexual que se denuncian aquí todos los días. La clásica muletilla que quita fuerza a esta u otra vergüenza advirtiendo que el mal en cuestión existe desde siempre y en todo el mundo ya no alcanza, seguramente, ni a quienes parecen creer que, si antigua y universal, cualquier lacra debiera admitirse como natural y hasta modificarse su "carátula" y rescatarse de su carácter de conducta penalizada.
La cantidad de las violaciones que llega al conocimiento policial y judicial y, posteriormente, público, es asombrosa, mucho más porque es sabido que lo que se denuncia es solo una parte, tal vez ínfima, por motivos de un mal entendido honor familiar, lo que se agudiza cuando los abusadores son miembros de la familia de la víctima o personas muy allegadas a ella. La menor atadura, en estos días, a tales condicionamientos sociales ha de ser una de las causas de la omnipresencia de las agresiones contra la integridad sexual en los medios informativos; pero aquel desatarse no puede verse como el único origen del incremento periodístico: parece innegable que los abusos se multiplican, en una tendencia que incita la reacción preventora.
Pero los datos numéricos que se tienen a la vista no muestran la realidad de toda la provincia, salvo la del Valle Central, donde en el primer semestre de 2011 los abusos sexuales -la denuncia de ellos- aumentaron en un 22%, con un total de 88 presentaciones hechas en las 11 unidades judiciales de la región más poblada de la provincia.
Las consecuencias de todo abuso sexual son por demás traumáticas y podrían tener ramificaciones a lo largo de toda la vida posterior a la atroz experiencia.
Sobre todo cuando los violentados son niños y niñas y menores de edad y más si pertenecen a sectores sociales que no tienen acceso a los tratamientos que demandan los casos, no siempre por falta de recursos, sino también por la ignorancia en relación con la necesidad de esas terapias.
La información destaca que uno de cada caso de abuso contra mujeres epiloga en embarazo, lo que plantea la disyuntiva entre alentar la gestación o interrumpirla. La situación es más dramática cuando estos embarazos son de menores de corta edad y discutible aptitud física y psíquica para afrontar el parto.
Se ponen en juego, en dichas coyunturas, cuestiones como demandada libertad de la mujer para disponer de su cuerpo, el valor de la persona (en este caso el niño que viene, a pesar de lo rechazado), las convicciones religiosas, la ley vigente, que muchos consideran anacrónica y el deber de preservar la vida y la salud de la madre.
Los conflictos provenientes de estos condimentos principistas deben ser resueltos no solo por la víctima del abuso, si por su edad pudiese, y si no eventualmente también por el entorno familiar más directo, por los profesionales de la salud y por los jueces y auxiliares del Derecho que tendrán intervención en la emergencia.
Lo peor es que disminuir los abusos sexuales parece tarea imposible.
Para no pocos esos detestables agravios a la condición humana no pueden verse sino como "desgracias" de etiología en inmensa proporción ajenas a la responsabilidad de la víctima. Con todo, también en esto cabe la prevención racional, libre de extremos que tiendan a aislamientos absolutos, y, por lo demás, imposibles.

Los abusos sexuales prometen convertirse pronto en asunto central de la inseguridad en la provincia.