La tensión entre la Argentina y Uruguay por el dragado del canal Martín García trepó ayer al extremo, luego de que Montevideo dejara entrever que enviará a la Justicia el caso por supuestas irregularidades en el proceso de licitación y Buenos Aires reaccionara con un comunicado muy duro.
La Argentina cargó directamente contra el ex embajador Francisco Bustillo, quien denunció internamente un presunto
intento de coima por la cuestión del dragado, y pidió a Uruguay que levante la inmunidad que tiene el diplomático para que la Justicia argentina pueda investigarlo en la causa por el ingreso irregular de autos con franquicia diplomática.
La Cancillería confirmó que Uruguay "dejó trascender que enviará toda la documentación a la Justicia de su país", por lo que le reclamó al Gobierno vecino que a su vez "responda afirmativamente" un exhorto de la Justicia argentina para que el ex embajador Bustillo -que ocupó la Embajada en Buenos Aires entre 2005 y 2010- "comparezca para declarar" sobre las informaciones que lo involucran "en supuestos intentos de la empresa uruguaya Riovía de corromper el proceso de dragado".
Sucede que Bustillo, hoy jefe de Gabinete de la cancillería uruguaya, fue el supuesto destinatario de un presunto intento de soborno de Riovia para conservar la licitación, durante una conversación que mantuvo con el ex vicanciller argentino Roberto García Moritán, lo que motivó una investigación a cargo del Tribunal de Cuentas de Uruguay que arrojó dudas sobre el proceso de adjudicación del millonario negocio.
A su vez, la Argentina solicitó ayer a Uruguay que "suspenda la inmunidad diplomática del embajador Bustillo en la
causa por la importación indebida de automóviles extranjeros", ya que se trata del "único diplomático involucrado cuyo país no ha otorgado el levantamiento" de ese beneficio para que sea "investigado por la Corte Suprema argentina".
De esta forma, las tres acciones judiciales vuelven a tensar la relación entre ambos países.

Botnia

El Gobierno realizó una protesta formal a Uruguay debido a que la planta de UPM (ex Botnia) tiene una producción anual por encima del millón de toneladas, el máximo autorizado por la Corte Internacional de La Haya. Fue a través de una carta firmada por el canciller Héctor Timerman y recibida este viernes por las autoridades uruguayas, trascendió en medios de prensa de ambos países.
Esta irregularidad no sólo significaría una violación de los acuerdos bilaterales y del Estatuto del Río Uruguay, sino que estaría incrementando la contaminación y otros efectos nocivos en el curso fluvial. El reclamo se produce en medio de la nueva escalada de tensión por el proceso de licitación para las obras de dragado del canal Martín García.