La líder del GEN Margarita Stolbizer presentó ayer una ampliación de su pedido de informes al Poder Ejecutivo a raíz de las sospechas sobre la vinculación del vicepresidente Amado Boudou con una empresa contratada por el Estado para la impresión de billetes, la ex Ciccone Calcográfica.
Stolbizer solicitó más explicaciones sobre el pedido que habría realizado recientemente la Casa de la Moneda y el Banco Central para la contratación de esta empresa para la confección de los billetes de cien pesos que se estiman necesarios para este año.
"Dado que hacen a la seguridad pública y económica de nuestro país, consideramos necesario investigar detalladamente la adjudicación/contratación, por su envergadura económica y por su trascendencia institucional", fundamentó la líder del GEN que hizo su presentación ante la Cámara de Diputados y la Unidad de Información Financiera (UIF).
La titular del bloque de diputados del GEN había presentado el año pasado un pedido de informe al Poder Ejecutivo relacionado con Ciccone Calcográfica, única empresa con capacidad operativa para la confección de documentos de seguridad como títulos, pasaportes y dinero.
"En la Argentina, parece que la AFIP y la UIF tienen ojos solo para ver algunas cosas, mientras dejan pasar elefantes blancos por delante de su nariz. La falta de reacción e información podría estar poniendo en evidencia los niveles de complicidad que se tejen dentro de los organismos del gobierno, llamados a prevenir y reprimir delitos, o a promover su investigación ante la justicia", concluyó Stolbizer.
Luego de haber entrado en quiebra, la continuidad en la explotación de Ciccone Calcográfica, ahora llamada Compañía de Valores Sudamericana, tuvo cambios por el ingreso de nuevos socios: en 2010 fue adquirida por The Old Fund, una sociedad anónima que se creó en febrero de 2008 con un capital de 30 mil pesos, y cuyo director, el abogado Alejandro Paul Vandenbroele fue denunciado como socio y testaferro de Boudou.
Stolbizer destacó que para levantar la quiebra la firma depositó en dinero en efectivo la suma de 570 mil pesos, una maniobra que "podría quedar encuadrada en la sospecha del delito de lavado de dinero", por lo que pidió información a la Unidad de Investigación Financiera (UIF).
Por otra parte, un abogado presentó también una denuncia penal contra el vicepresidente Boudou por los presuntos delitos de "violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y malversación de caudales públicos".