lunes 18 de marzo de 2024
Cuando marsans controlaba aerolíneas argentinas

Piden juicio para Abbona por no denunciar irregularidades

Por Redacción El Ancasti

El fiscal federal Ramiro González pidió ayer que Angelina Abbona, ex procuradora del Tesoro de la Nación, vaya a juicio oral y público por no denunciar e impulsar acciones penales contra Marsans, el grupo privado que gestionó Aerolíneas Argentinas y la vació antes de que fuera reestatizada por el gobierno de Cristina Kirchner.


"Se corroboró que durante el lapso que duraron sus funciones, del 21 de diciembre de 2010 al 10 de diciembre de 2015, la imputada tenía la obligación de denunciar los eventuales hechos ilícitos de los que tomara conocimiento y comunicar en el marco de las investigaciones penales ya iniciadas", acusó la fiscalía.


El escrito con requerimiento a juicio fue presentado ante el juez federal Luis Rodríguez y es por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento. Según la fiscalía, Abbona omitió hacer denuncias a partir de los informes elaborados por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, por la empresa KPMG y por Oliver Wiman, que daban cuenta de maniobras defraudatorias hechas por el grupo Marsans y/o Interinvest SA.


Esos informes habían advertido sobre falencias contables, actividades de infracapitalización de todo tipo en Aerolíneas Argentinas y Austral "que le impidieron realizar su actividad con normalidad, necesitando la intervención financiera del Estado Argentino". "Se logró acreditar el inusitado tiempo que demoró Abbona en presentar los estudios referenciados apreciándose con claridad que la nombrada debió haber denunciado el contenido de los mismos ante la Justicia penal, sin embargo su contenido recién fue puesto en conocimiento con un llamativo retardo que evidencia el incumplimiento achacado", remató la fiscalía en su escrito al que accedió NA.


Abbona "llevó adelante un asesoramiento legal y técnico deficiente en detrimento de los intereses del Estado Nacional", dijo.


Según el juez, Abonna no cumplió con lo establecido por la ley 26.466 y el decreto 2347/2008. Ambas normativas imponen al gobierno nacional "realizar todas las medidas necesarias y que estuvieran a su alcance, no sólo denunciar penalmente a los funcionarios del grupo Marsans, sino recuperar el patrimonio afectado por su mala gestión".

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